Por Javier Bach Bilbao – militante peronista. Los dichos de Rubén Rivarola contra la senadora Carolina Moisés en Palpalá no son un exabrupto aislado. Confirman un patrón de descalificación hacia las mujeres de la política jujeña que no paga costo alguno.
El viernes 30 de octubre, en el acto que encabezó el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Club Atlético Altos Hornos Zapla de Palpalá, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola se refirió a la senadora nacional María Carolina Moisés en términos peyorativos, desconsiderados y misóginos, que incluyeron, según denunció la propia legisladora, la expresión de mandarla “a la pieza”. El visitante ilustre asistió a la escena como testigo mudo.
En ese contexto, la frase remite a encerrar y violentar a una mujer, como explicó la senadora, que lo definió como “el acto de violencia machista y misógina más fuerte que yo he recibido en los últimos tiempos”. Por eso, como se dijo en el aire de El Submarino Radio, cabe calificarla de “abominable, despreciable, de una bajeza” que merece el repudio enfático de toda la dirigencia.
No se trata de un episodio aislado. Estas páginas documentan desde hace años la violencia política ejercida contra Alejandra Cejas, cuando era diputada provincial, contra Débora Juárez Orieta y contra concejalas como Lorena Alfaro, en la capital, o Fanny Martínez, en Calilegua. La conclusión es incómoda: “parecería que en Jujuy tenemos una tolerancia muy laxa a la descalificación, sin ningún tipo de costo político, hacia las mujeres”.
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Hay en esa secuencia, un modus operandi que explica conductas tan disonantes en quienes pretenden conducir. Y que no puede pensarse al margen de la condición de presas políticas de Milagro Sala y de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo más inquietante, sin embargo, es otra cosa: “no ha habido repudio público masivo”. Las mujeres peronistas, y las de cualquier otro partido, debieron alzar la voz. “Y la verdad que no saltaron.”
Hasta el momento de esa emisión tampoco se habían conocido pronunciamientos de legisladoras nacionales de la provincia que gobierna el visitante. Hay, como se dice habitualmente, “un silencio de radio”.
Probablemente porque “muchos sienten que infunde temor la figura de un dirigente político”. No es el caso de este medio. Tampoco el de la senadora, que respondió en público: “A mí no me asusta ni Rubén Rivarola ni ninguno de los otros machos de la política de Jujuy”.
El episodio abre, además, un debate legítimo sobre el camino a seguir. Una mirada sostiene que, por tratarse de una legisladora nacional, el caso debía llevarse de inmediato a la justicia penal federal, porque “sin denuncia no pasa nada” y la única sanción posible llega por esa vía.
Es cierto que “nadie lo va a castigar a través de las redes sociales”. Pero también lo es que la legislación existe: la Ley 26.485, ampliada en 2019 por la Ley 27.533, reconoce expresamente la violencia política contra las mujeres. Y que “cualquier fiscal de oficio podría tomar” el caso. No ocurrió. La reacción habitual de quienes deberían actuar es, como también se dijo, “lavarse las manos”.
Hay, por otra parte, un riesgo en descargar toda la respuesta en los tribunales. Persistir en la “insistencia de judicializar la política” es renunciar a que la política se haga cargo de sus propias miserias. Esta es, ante todo, una discusión política, y como tal debe darse en el seno del peronismo y del conjunto de la dirigencia jujeña.
El antecedente internacional tampoco invita al optimismo. En marzo de 2023, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la OEA, recibió en su visita al país denuncias sobre la violencia política padecida por varias de las dirigentes jujeñas aquí mencionadas. La pregunta sigue abierta: “¿Qué pasó con toda esa acción?”.
Cualquier persona, hombre o mujer, que padece esta “violencia simbólica” merece algo más que una solidaridad en voz baja. Lo cortés no quita lo valiente: se puede discrepar en la interna, competir por la conducción del partido y disputar cada voto sin degradar a nadie. Lo que no se puede es naturalizar la degradación. Callar frente a lo ocurrido en Palpalá es, también, una forma de consentirlo.