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El Gobierno nacional ratificó su postura de no destinar fondos públicos para rescatar a casi 6 millones de personas que enfrentan atrasos en sus deudas bancarias, al considerar que se trata de un conflicto entre particulares y que una intervención estatal generaría un riesgo moral sobre los recursos de los contribuyentes.
Tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvieron reuniones con directivos de entidades bancarias para monitorear la situación. Desde el BCRA descartaron fijar topes a las tasas de interés y proyectaron que el problema ingresó en un punto de inflexión con leves señales de mejora, apostando a la flexibilización de planes de refinanciación por parte de los bancos con tasas de entre el 20% y 25% anual.
El presidente Javier Milei justificó la medida al señalar que utilizar fondos del Estado significaría trasladarle el costo de las deudas al resto de la sociedad. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que los recursos fiscales son finitos y que el uso de impuestos para compensar deudas bancarias afectaría el financiamiento de otras partidas prioritarias.
Por su parte, el titular del BCRA, Santiago Bausili, y el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartaron la entrega de transferencias directas y confiaron en la estabilización de los índices a medida que avance la recuperación del crédito. Datos de la consultora 1816 reflejaron que en junio el índice de irregularidad en créditos familiares registró una leve baja al pasar del 12,8% al 12,7%, aunque advirtieron que la morosidad en entidades no financieras alcanza al 33% del sector.
