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A partir del anuncio de que se pondrá en vigencia un Protocolo de Actuación ante casos de violencia de género en la administración pública provincial, las áreas de Género de cuatro sindicatos difundieron un comunicado en el que se quejan de no haber sido convocadas para la elaboración del documento, y aventuran que dicha exclusión pueda tener la finalidad de retacearles a las organizaciones sindicales la efectiva intervención sobre la problemática. Reclaman además la renuncia del ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz y del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, ambos denunciados en la justicia por maltrato laboral y acoso sexual.
El viernes pasado, la titular del flamante Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez, anunció que se pondrá en vigencia un Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia de Género en la Administración Pública, que el mes que viene entrará a la Legislatura como proyecto de ley.
El anuncio es todavía un mero adelanto, ya que el instrumento no fue publicado en el Boletín Oficial ni difundido en su contenido completo.
En un comunicado, las áreas de Género de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y de la CTA Autónoma recuerdan que han realizado «un sostenido trabajo para el abordaje de situaciones de violencia de género en el mundo del trabajo».
«Entre otras acciones -repasan-, elaboramos el Proyecto de Ley que establece la licencia para trabajadoras víctimas de violencia de género, que hoy es Ordenanza Municipal (N°7336), y para cuyo tratamiento por parte del gobierno provincial en la Legislatura hemos recolectado más de 7 mil firmas».
En este contexto, señalan que «la noticia de la presentación del Protocolo de Actuación sobre la Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Jujuy nos genera algunas reflexiones, interrogantes y preocupaciones».
«El Protocolo constituye, en sí, un hecho positivo en tanto, como lo plantea el documento, es una herramienta para ‘garantizar acciones de prevención, actuación y reparación en casos de Violencia de Género en el ámbito laboral…'», afirman, pero advierten que «los protocolos pueden ser instrumentos útiles, solo y en tanto, exista la firme decisión política para erradicar la violencia de género, sin conciliaciones», y que «de lo contrario, ocurrirá lo que sucede con un número importante de estos, devienen en letra muerta, al igual que las leyes sin presupuesto».
Seguidamente, se preguntan sobre los motivos por los que «se ha excluido a los sindicatos en su elaboración y en el eventual seguimiento de su efectiva aplicación», y analizan: «Más allá de reafirmarnos un estilo de gobernar que es recurrente, consideramos que este tipo de herramientas deberían elaborarse en consulta y consenso con quienes intervienen en la problemática. Los sindicatos, y sus áreas de género, receptamos dichos casos y conocemos sus impactos, ya que hablamos de situaciones de violencia que se dan en el ámbito laboral».
«Nos preocupa que dicha exclusión pueda tener la finalidad de retacearles efectiva intervención sobre la problemática a las organizaciones sindicales», indican, y advierten luego sobre la preocupación de que «la patronal se constituya en juez y parte,» dado que el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género será el órgano rector que aplique el protocolo en articulación con otros organismos de la administración pública provincial, «sin intervención de las organizaciones que velan por los derechos de las trabajadoras y que son los principales receptores de los reclamos».
Los sindicatos ponen el acento en que la violencia laboral en la Administración Pública provincial viene creciendo en los últimos años, y aseguran que «en muchos de estos casos existe interseccionalidad, es decir, son casos donde se conjugan violencia laboral y de género, entre estos el acoso sexual».
Aquí hacen referencia a los casos denunciados por trabajadoras del Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público de la Acusación, «la punta más escandalosa y repudiable de un iceberg que por debajo contiene un número importante de otros casos, sobre los cuales las áreas de género hemos intervenido en 2019», califican, y recuerdan además «casos como el de Fiscalía de Estado, a cargo del Dr. Mariano Miranda, donde la víctima de violencia convivió durante meses con el acosador
sexual, situación que la revictimizaba una y otra vez», o «casos paradojales como los hechos de maltrato laboral en la Secretaría de Paridad de Género, específicamente en la Dirección de Violencia, a cargo de la Dra. Natalia Segovia», a los que suman otros en las áreas de Salud y Educación.
«Por lo expuesto podemos decir que la violencia laboral y de género en la Administración Pública (cómo también en el ámbito privado) es un tema emergente, que nos preocupa y nos ocupa; y que debería ser abordado, desde los gobiernos, dándoles voz a los diversos actores involucrados en su abordaje: los gremios y sus áreas específicas, las trabajadoras/es, las organizaciones de mujeres y las víctimas», concluyen, y manifiestan que de este modo «el Estado podrá generar herramientas eficaces para cumplir con la función de garante de una vida libre de violencia, dando cumplimiento efectivo a la legislación vigente».
Finalmente, consideran que «no pueden integrar los gabinetes gubernamentales funcionarios sobre los que recaen denuncias de violencia y/o acoso», y que «es deber de las autoridades garantizar, sin vacilaciones, su apartamiento, dando muestra del compromiso asumido con el presente Protocolo».
«Por esta razón -completan-, reiteramos el pedido de renuncia del actual ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz (hoy en ejercicio de su licencia) como también del fiscal general Sergio Lello Sánchez; reclamo interpuesto ya por numerosas organizaciones de mujeres y centrales de trabajadores/as».
