«Una ley de extinción de dominio, como la que proponemos desde el massismo, permitirá que el Estado disponga de los bienes de procedencia ilícita para llevar adelante mejoras para todos los ciudadanos”, explicó.
Precisó que, si bien la confiscación de bienes ya se encuentra autorizada cuando se trata de recursos provenientes del narcotráfico o trata de personas, no sucede lo mismo para con los delitos de corrupción.
«Es por esto que desde el Frente Renovador estamos impulsando una ley de extinción de dominio para que la justicia disponga de una herramienta jurídica que la habilite a afectar patrimonialmente a aquellas personas que han sido sentenciadas judicialmente por hechos de corrupción”, detalló.
Más adelante, el legislador massista dijo que la implementación de la norma propuesta implicaría una reforma del artículo 1907 bis del Código Civil, de modo tal de que en el caso de los bienes utilizados o provenientes de delitos de corrupción el derecho de propiedad se extinga de una manera absoluta mediante sentencia judicial en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie para el propietario.