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El senador nacional por Jujuy y miembro del bloque del Frente de Todos, Guillermo Eugenio Snopek presentó un proyecto de ley que solicita la intervención federal por un año del Poder Judicial de Jujuy.
El mismo consta de ocho artículos y establece la intervención de la justicia provincial “a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.
La iniciativa habilita al gobierno nacional a designar un interventor federal «a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino».
Además, declara «en comisión» a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, lo que les quitaría a los magistrados la estabilidad constitucional inherente a los cargos en los que fueron designados por la Legislatura provincial.
Ante esta nueva situación, el gobernador de Jujuy, Gerardo Rubén Morales, que se convirtió desde el 10 de diciembre al albertismo, por conveniencia por acción u omisión, solamente por la urgencia de la situación financiera y económica porque se vienen tiempos de vencimientos en dólares con bonistas y capitales chinos que financiaron una planta de energía solar y tomaron como garantía la coparticipación federal, no quiere aflojar en el caso Milagro Sala.
Morales está dispuesto a ceder en todo, menos en el caso Milagro Sala, que fue detenida por orden del juez Raúl Gutiérrez al mes de su asunción, el 16 de enero de 2016, por un acampe realizado frente a la gobernación. La dirigente está con prisión domiciliaria, cumpliendo la prisión preventiva de cuatro años y algunos días más.
En la sesión de este jueves, Snopek pidió una cuestión de privilegio contra el presidente de la Corte Suprema, Pablo Baca, por haberle enviado una carta documento exigiendo que se retracte de sus denuncias sobre un copamiento de la justicia local de dirigentes cercanos a Morales.
Baca esta de licencia, después de que el sitio El Cohete a la Luna, de Verbitsky, publicara audios entregados por una mujer que no se identifica, en los que se escucha al juez decir que Sala está presa porque el «tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el Gobierno». Está siendo investigado para ver si es sometido o no al juicio político.
En los fundamentos del texto, el legislador señala la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia como uno de los argumentos para pedir la intervención. «Se amplió de cinco a nueve miembros, mediante la ley N° 5878. De los cuatro nuevos jueces, tres de ellos son del partido radical, el mismo al que pertenece el gobernador», apunta y agrega: «El propósito fue políticamente evidente. Conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial».
También apunta contra el Ministerio Público de la Acusación como un «órgano para constitucional para el disciplinamiento social e institucional» que «formula imputaciones a quienes no se alinean políticamente al Gobierno de Gerardo Morales» y observa que según el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, «las autoridades de Jujuy no han tomado las medidas necesarias par dar cumplimiento cabal a las recomendaciones de la CIDH, ratificadas por la Corte Suprema».
