En la audiencia de este jueves del sexto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy declaran dos expresos del departamento Ledesma y dos de Mina Aguilar. Son testimonios clave para confirmar la participación de empresas en el accionar represivo en la última dictadura militar.
En este juicio, denominado Megacausa pues acumula 16 expedientes, se ventilan hechos sucedidos en diversos lugares de la provincia, como Libertador Gral. San Martín, Calilegua, El Aguilar, Tumbaya y Guerrero. Involucra a 113 víctimas, 38 de ellas que permanecen desaparecidas, y 23 imputados.
Los acusados integran o integraban fuerzas de seguridad como Gendarmería, Policía Federal y provincial, Ejército y Servicio Penitenciario.
En la audiencia anterior se escucharon testimonios que reconstruyeron la represión dirigida hacia trabajadores de Mina El Aguilar que pertenecían al sindicato, y relataron cómo funcionó ese vínculo entre los directivos de la empresa y las fuerzas de seguridad. «Los ex mineros han dejado claramente establecidos cuáles fueron los beneficios de los que gozaba el imputado Borges do Canto, que era el comandante, los operativos que se llevaron a cabo y cómo el trabajo de Do Canto beneficiaba a la empresa. Y eso es muy valioso», analizó Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, en diálogo con El Submarino Radio (91.5).
«Todo esto nos lleva a entender cómo operaba la Gendarmería, con un accionar específico en la zona en que estaba asentada, a diferencia de las otras fuerzas, que actuaban de una manera más amplia», agregó.
Por el volumen de los hechos investigados, se estima que este juicio lleve más de dos años. «Tenemos 420 testimoniales presentes, al margen de las dos audiencias que se realizan a la mañana en las que se les pasan las grabaciones de las testimoniales de otros juicios, para no revictimizar a los testigos», explicó Arroyo.
Entre esos testimonios que quedaron registrados, están también los que brindaron víctimas o familiares que ya fallecieron. «Esto es lo que produce la demora de los juicios, es lo más triste, la pérdida de compañeros y compañeras que han esperado tantos años para contar la verdad», señaló.
En el mismo sentido, remarcó «el punto final biológico» que les llega a los imputados por el paso del tiempo. «En este proceso vemos cómo dramatizan, por ejemplo llegan con bastón, mientras nuestros sobrevivientes, que tienen la misma edad, llegan íntegros a pesar de todos los problemas de salud que puede tener una persona de 70 años», describió.
«Este sector estuvo agazapado durante una década y ahora tiene al Poder Judicial, que le es funcional a lo que pide -continuó Arroyo-. Por ejemplo, de los 23 imputados solo tenemos seis en cárcel común. La última domiciliaria benefició a Borges do Canto porque había tenido un problema de cadera». Y aclaró que las domiciliarias son otorgadas por la cámara de Casación de Salta, mientras que este tribunal no ha otorgado ninguna.
Los problemas de salud que aducen los acusados hacen parar las audiencias y demorar aun más el proceso. Y a esto se suman las «chicanas» de las defensas. Como la que surgió la semana pasada, cuando uno de los abogados de los represores pidió que se quitara el banner que HIJOS ubica cada jueves en la puerta del juzgado.
«HIJOS siempre ha hecho claro su derecho a la expresión y opinión, y en el banner están los rostros y nombres de las víctimas y de los imputados. Y el abogado Vitelini, en una clara provocación y con un claro interés de disciplinamiento, pidió al tribunal que nos haga sacar el banner», relató.
«Son tiempos duros en todos los aspectos -analizó-. La justicia ha sido el único poder que no ha sido intervenido en la dictadura porque siempre le ha sido afín. Vemos los abusos de poder y el intento de disciplinamiento constante que intenta el gobierno nacional. Vemos la alevosía tendenciosa y espantosa de lo que sucede con Milagro Sala. Es preocupante, porque son retrocesos de nuestros derechos y garantías constitucionales».
El juicio
El Tribunal Oral Federal N°1 de Jujuy está integrado por Federico Díaz como presidente de trámite, y los vocales María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaráz. El Ministerio Público Fiscal está conformado por Carlos Amad y Julieta Souilhe (subrogante); el Ministerio Público de la Defensa está representado por Matías Gutiérrez Perea y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de María José Castillo. Los abogados Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte representan a familiares y sobrevivientes. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación Hijos-Jujuy, son también partes querellantes.
Son varias causas se ventilan, entre ellas la más conocidas es la conocida como “La Noche del Apagón” y la de Mina El Aguilar, en las que se juzga la responsabilidad civil en el Terrorismo de Estado en la provincia. Otras causas son las caratuladas Aragón Reynaldo y otros, Bazán Avelino y otros, Burgos Luis y otros, Soledad López y otros, Álvarez de Scurta y otros, Aredez Luis y otros, Paulino Galeán y otros.
Son juzgados 23 represores procesados que actuaron como grupos de tareas en diversos centros clandestinos de detención. Es la primera vez que se juzga a efectivos de la Gendarmería, como Jorge Borges Do Canto, quien se desempeñaba como comandante, y el alferez Carlos Pérez. Otro imputado es el excomisario de la Policía Federal Rodolfo López. Los dos militares juzgados son Mariano Braga y Juan Carlos Jones Tamayo, este último fue jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323, que estuvo prófugo durante tres años hasta que en octubre de 2014 fue detenido en Buenos Aires.
También estan sentados en el banquillo de los acusados los penitenciarios Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Herminio Zárate, Oscar Caraballo, Ceferino Narváez y Juan Carlos Salinas. Los policías locales José Américo Lescano, Pedro Ríos, Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Armando Claros, Hugo Ruíz, Juan Carlos Vaca, José Américo Lescano y Juan de la Cruz Kairuz (ex futbolista de Atlanta, Newell’s, San Martín de Tucumán, y Gimnasia de Jujuy entre 1966 y 1977. Ex director técnico de Gimnasia y Tiro de Salta, de Atlético Ledesma, entre otros). Bernardo Salinas un ex policía, será el único represor que llega a acusado por los delitos contra la integridad sexual.
Los militares enjuiciados son Jones Tamayo (Ex jefe de inteligencia del área 323) y Braga, mientras el único civil es Telésforo Zurita que se desempeñaba como jefe de la Sección Tres Cruces de la Compañía Minera El Aguilar.