La Defensoría del Pueblo de Jujuy envió al Concejo Deliberante capitalino, una resolución rechazando el posible aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros sin la concreción de la correspondiente audiencia pública, conforme a lo establecido por la normativa en vigencia. Al mismo tiempo, el instrumento emitido por la institución rechaza el estudio de costos elaborado oportunamente por ser un informe “unilateral”.
La resolución de la Defensoría fue explicitada por el ombudsman jujeño, Javier de Bedia, a través de un comunicado prensa. En el mismo, el organismo recomendó abrir el debate a la ciudadana y permitir la participación de la Unju, de las entidades vecinalistas y de todos los estamentos de la sociedad involucrados directa o indirectamente con el servicio de transporte público.
“La Universidad tiene la capacidad técnica para determinar los costos exactos de un servicio que es de suma necesidad para sus habituales usuarios”, sostuvo de Bedia, quien además explicó que desde la Defensoría se está solicitando también la implementación de un boleto social para los sectores que atraviesan un momento crítico en lo económico.
Otro de los pedidos, según precisó el defensor, es que las empresas faciliten el acceso a las unidades de transporte de las personas discapacitadas y que cumplan con todos los compromisos que asumieron al momento de obtener la explotación de las distintas líneas del sistema de transporte.
“Las empresas tienen que tener unidades adaptadas, en buen estado, limpias, y cumplir con las frecuencias, porque ese es uno de los requisitos para el pedido de una readecuación tarifaria”, agregó.
“La audiencia pública está contemplada en la Constitución Nacional y Provincial. La Ley 24240 de Defensa del Consumidor indica que toda revisión de cuadros tarifarios debe necesariamente pasar por una audiencia pública. Este es el procedimiento más transparente, porque allí el usuario tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos y visibilizar sus necesidades respecto al servicio público en cuestión”.