Para revocar el fallo, el funcionario del Ministerio Público Fiscal, interpuso dos recursos de queja ante la Corte, luego de que la Cámara de Casación rechazara -tal como lo hizo en la causa Aredez, en la que interviene en esa misma instancia el fiscal de Casación Javier De Luca- los recursos extraordinarios que había interpuesto contra las resoluciones que favorecieron a los empresarios.
El punto central de aquellas decisiones fue que los jueces consideraron que no se encontraba probado que Blaquier y Lemos conocieran que el destino de los vehículos que la empresa había prestado a las fuerzas de seguridad, iban a ser su utilización para el secuestro de los trabajadores.
Wechsler señaló que los recursos están dirigidos a revertir dos situaciones. Por un lado, la falta de mérito dictada por Casación, que revocó el procesamiento confirmado en primera instancia en los hechos de «La Noche del Apagón», y por el otro, la confirmación por parte de la Cámara de Casación de varios aspectos relacionados que se tratan en otro incidente: el rechazo de ampliación de las imputaciones respecto de Blaquier y Lemos por los delitos de violación de domicilio, torturas y homicidios en el caso de las víctimas de aquél episodio, como tampoco de hacer lugar al cambio del grado en la participación de Lemos en los hechos, de cómplice secundario a partícipe primario, y a la confirmación de la falta de mérito de ambos imputados respecto de los hechos cometidos contra seis víctimas, la falta de pronunciamiento sobre el pedido de procesamiento de Blaquier y Lemos por la privación ilegítima de la libertad de otra de las víctimas y la negativa a dictarles la prisión preventiva.
El fiscal habló de su presentación el «contra sentido» del tribunal de Casación al rechazar el recurso extraordinario de la Fiscalía. Esa contradicción está dada porque en aquella instancia los jueces resolvieron abrir el recurso de la defensa, es decir, tratarlo, respecto al cuestionamiento de la actuación del fiscal Pablo Pelazzo, para lo cual consideraron que había gravedad institucional justificada en el planteo, pues podría derivar en la nulidad de gran parte de las actuaciones. Al resolver, la Cámara de Casación validó todas las actuaciones de Pelazzo en la causa, no obstante lo cual revocó los procesamientos, ya confirmados en dos instancias anteriores.
Pero ahora, cuando la Fiscalía invoca el mismo argumento para que la Corte Suprema aborde la falta de mérito, los jueces de la Sala IV de Casación consideran que esa gravedad institucional ya no existe. «La Sala abrió la instancia a las partes sorteando, implícitamente, el requisito de sentencia definitiva que es el que ahora utiliza para impedir el acceso a los estrados del máximo tribunal», señaló Wechsler.
«Lo aquí decidido no sólo resulta, entonces, un contra sentido con lo ya resuelto en esta misma causa, sino que también deviene contradictorio con la postura adoptada por la Sala en ocasiones anteriores», explicó.
El fiscal precisó que «la investigación se encuentra agotada atento a la imposibilidad de reunir nueva prueba», por lo cual la falta de mérito significa «la consagración de un estado de duda indefinida sobre la participación de los posibles responsables en el hecho investigado y se traduce, en los hechos, en la imposibilidad de avanzar con el proceso hacia la etapa de juicio oral».
En ese sentido, Wechsler cuestionó que el tribunal de Casación no indicó qué nuevas medidas de prueba podrían llevarse a cabo para «la acreditación del aspecto subjetivo del delito imputado».
«Lo resuelto significó una forma de culminar con el proceso de modo tácito», precisó el fiscal, y en esa línea sostuvo que el expediente «quedará claramente estancado, puesto que no se descarta con certeza la comisión del delito y la eventual participación en él de los imputados, pero tampoco se precisan, más allá de exhortarse formalmente a continuar con la investigación, qué medidas de prueba son aquellas que podrían profundizarla».
El representante del Ministerio Público señaló que, en definitiva, la falta de mérito dispuesta por la Cámara de Casación «debe ser interpretada como un sobreseimiento encubierto ya que tiene por efecto la parálisis indefinida de la instrucción que, además, trae aparejado el riesgo de que devenga operativa la garantía que asiste a todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable».