Durante el año que dure la emergencia el Ejecutivo deberá incrementar el presupuesto y poner en marcha toda la institucionalidad prevista en la Ley 5.107, garantizar su cumplimiento así como el de la Ley 5.738 a través de la cual la provincia adhirió a la Ley Nacional 26.485.
El proyecto fue ingresado con la firma de la diputada Alejandra Martínez, Pablo Baca y el resto de miembros de la bancada. Esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que llevaron a cabo el radicalismo con Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Libres del Sur, Barrios de Pie y el Partido Socialista.
Durante la presentación del proyecto de ley, estuvieron presentes, Martínez, Baca, la coordinadora provincial de Mumalá, Patricia Farfán, la coordinadora de Barrios de Pie, Laura Rocha, el referente de Libres del Sur Carlos Aliaga, el Presidente del socialismo en Jujuy, Ramiro Tizón, la referente de mujeres de ese partido, Mercedes Cruz, la Secretaria de la Mujer de la UCR Ada Galfré y la Sec. de DD.HH de la UCR María Inés Zigarán.
Martínez explicó que la emergencia propuesta comprende un aumento presupuestario excepcional para poner en funcionamiento todos los centros y organismos previstos en la Ley 5.107, entre ellos los Centros de Atención Integral a la Violencias Familiar y refugios en todo el territorio provincial y la Comisión Provincial para la Atención Integral de la Violencia Familiar.
Por su parte, Farfán, agregó que el proyecto además propone la asignación de mayores fondos a las Oficinas de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, la implementación de una ayuda económica para mujeres en situación de pobreza que sufren violencia de género, un Observatorio para la elaboración de una base de datos, sistematización de información y producción de investigación destinada a mejorar la política pública.
Pero además, agregó Farfán, la iniciativa busca también que se implementen campañas de difusión masiva de las disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 5.107, la Ley 5.738 y la Ley Nacional Nº 26.485, que les permita a las mujeres conocer los derechos que les asisten, los procedimientos que deben seguir ante casos de violencia, los servicios existentes en la órbita estatal, las acciones administrativas y judiciales posibles, y que además, permita conocer las políticas y programas.
Por su parte, la Coordinadora de Barrios de Pie Laura Rocha dijo que deben implementarse mecanismos de difusión de los Protocolos de Atención a Víctimas de Violación, Protocolo Post aborto y de la Guía Nacional sobre Aborto No Punible, así como la implementación de programa de formación y actualización permanente a todos los agentes de los servicios públicos que abordan la violencia de género, desde la perspectiva de género y derechos humanos.
También Farfán y Rocha señalaron que el proyecto propone la implementación, a través del Consejo de la Microempresa, el Ministerio de la Producción y/o el Ministerio de Desarrollo Social, de programas para incorporar a las víctimas de violencia de género a micro emprendimientos y proyectos productivos, destinados a fortalecer su autonomía económica y en particular requiere que en el ámbito rural se fortalezcan los servicios de prevención y asistencia, porque se trata de zonas donde más está vedada su accesibilidad.
Recursos Insuficientes
Resaltaron que “los fondos asignados en los presupuestos 2013 y 2014 se revelan insuficientes, para atender la dimensión de la problemática que vulnera derechos humanos de las mujeres.
Martínez indicó que “a través de la contestación a un pedido de acceso a la información promovido por las organizaciones antes mencionada, el Consejo Provincial de la Mujer informó que en el año 2013 recibió la partida por la promoción de los Derechos de la Mujer por 17.111 pesos y la partida por la difusión del rol de la mujer, la misma cantidad de dinero. En el Año 2014 se aumento a 20.543 pesos, para ambos rubros.
Además, el Consejo Provincial recibió un financiamiento del Consejo Nacional de la mujer Programa de Fortalecimiento Institucional, por 40.000 pesos.
“Es decir que dicho Consejo contó en 2014 con una suma total de fondos de 81.086 pesos, lo que significa 6757,16 pesos por mes, a todas luces una partida absolutamente irrisoria para el rol y la responsabilidad que tiene dicho organismo, que destacamos aborda toda la dimensión de la problemática de las mujeres y no sólo el tema de violencia de género”.
Por su parte Zigarán aclaró que si bien “valoramos el trabajo del Consejo Provincial de la Mujer, no obstante consideramos que es necesario fortalecer dicha política, así como la del resto de los organismos del estado involucrados en particular en el abordaje de la violencia de género”.
Destacó Zigarán que el pedido de emergencia por violencia de género, viene siendo impulsado por la Multisectorial de las Mujeres de Jujuy y la Casa de la Mujer “María Conti” de San Pedro desde el año 2007. Desde entonces, el movimiento de mujeres nucleado en esos espacios viene expresando su preocupación por los altos índices de delitos contra la integridad sexual que se registraban en la provincia, un 74 por ciento más que la media nacional para este tipo de delitos.