El martes se venció el plazo ampliado que impuso el Ministerio Público Fiscal, a traves de la Fiscalía Penal de turno, a cargo de Liliana Fernández de Montiel, que ordenaba a una decena de municipios que entreguen entregar toda la documentación e informen sobre las viviendas que debían construir las cooperativas de la Organización Barrial Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.
Cumplido el plazo, solo el radical Jorge y la justicialista Flores se presentaron en tiempo y forma. En tanto, la intendencia de Perico solicitó una ampliación de plazo, y el resto no respondió siquiera. Son las de Libertador Gral. San Martín, San Pedro de Jujuy, Monterrico, Palpalá, Humahuaca, Pampa Blanca, La Mendieta y El Carmen.
La convocotaria judicial a la decena de municipios, es el el marco de la causa conocida como «Pibes Villeros», donde se investiga el destino de 1.200 millones de pesos que se debían destinar a la construcción de viviendas.
Estos fondos eran enviados por Nación y administrados por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que los distribuía entre las cooperativas que conformaban la Red de Organizaciones Sociales que dirigía Milagro Sala.
La intendente de Calilegua, Elsa Flores, a través de su asesor legal, recordó que fue ella quien presentó en su momento una denuncia en contra de MIlagro Sala y la organización Tupac Amaru por “presiones y amenazas, si no firmaba los cheques”.
Los detenidos en el marco de esta investigación son Milagro Sala (193 dias), Patricia Margarita Cabana, Ivan Dante Altamirano y Miguel Angel Sivila -apenas se inició- y Mirta Rosa «Shakira» Guerrero, Gladys Noemí Díaz, Liliana Mirta Aizama y Pedro Raúl Noro (esposo de Milagro Sala), estos últimos apresados el 15 de julio pasado.
Todos están acusados por los delitos de fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita. también esta arrestado, el ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj), Lucio Abregú, por el delito de estafa a la administración pública.
Están además imputados el exgobernador Eduardo Fellner (abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública”), el exministro de Infraestructura y Viviendas, Luis Cosentini (falsedad ideológica de instrumento público y defraudación al Estado) y dos ex funcionarios de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Carrizo y José Mercado.
También los exfuncionarios municipales capitalinos de gestión radical Javier Bustos (exsecretario de Obra Pública), Karina Argañaráz y Norma Aguirre, que se desempeñaban como subcontadora y tesorera, respectivamente.