Según el relevamiento realizado por La cocina de los cuidados, que lleva adelante el CELS junto a una mesa intersectorial, el Gobierno de Javier Milei derogó, recortó o desmanteló 47 de los 50 programas de cuidados que operaban en el país, dejando solo tres en pie; y uno de ellos en riesgo de ser cerrado.
En 21 meses de gestión de Milei, de 50 políticas de cuidado quedan solo tres quedan activas
Si bien no todos los programas fueron derogados, en muchos casos en los papeles siguen vigentes, pero sin fondos, sin publicidad y sin funcionarios que los implementen.
Desde diciembre de 2023, 4 millones de personas perdieron al menos una política para cuidar o cuidarse.
Esto implica menos ingresos, menos herramientas, menos tiempo y espacio para poder realizar estas tareas.🧵👇 pic.twitter.com/gmdv2Mou01
— CELS (@CELS_Argentina) October 7, 2025
Lucía Cirmi, economista y ex subsecretaria de políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, precisó que con este ajuste, hay al menos 4 millones de personas que perdieron al menos una política de cuidado. «Frente a esto, el Gobierno anuncia que ‘hay plata’, pero solo para otras cosas: por ejemplo, reimprimir las boletas únicas en Buenos Aires», comentó en diálogo con la 750.
Cirmi explicó que la investigación consistió en relevar «qué pasa en la práctica, porque algunos programas no se derogan, pero les sacan fondos y equipos”.
Conclusiones
El resumen ejecutivo del informe detalla:
● En 21 meses de gestión, de 50 políticas de cuidado sólo 3 quedan activas.
● Al menos 4,06 millones de personas perdieron 1 política de cuidado.
● En este tiempo, ninguna de las políticas de ingreso para cuidar y cuidarse se mantiene plenamente en pie: la que no fue derogada, sufrió un recorte en el universo de personas beneficiarias o en el monto.
● La cobertura de la política de asignaciones pasó de alcanzar el 76% al 71% de los niños y niñas del país. Caen las solicitudes en los programas Brisa y de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.
● Sin la moratoria previsional vigente, la cantidad de titulares de la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) debería ascender como única vía para jubilarse. Sin embargo, los destinatarios efectivos de la PUAM pasaron de ser 272.000 a 187.000. Hay pocas altas y las suspensiones crecieron del 3% al 25%.
● Mientras el salario real cayó 5% en general y en el trabajo en casas particulares, el 15%, el tiempo para cuidar se achica: hubo incremento del pluriempleo. En las mujeres es el doble que en los varones. La discusión del uso del tiempo y los cuidados (como teletrabajo, licencias, art. 179) quedó anulada y a voluntad de la lógica de la empresa.
● Los servicios de cuidado también se extinguen: las cooperativas de cuidado se van desintegrando. Con la caída en términos reales del haber mínimo y la reducción de las políticas de cobertura de cuidado de PAMI, más los retrasos de las obras sociales, la demanda del sector cayó en picada. Al ser monotributistas también fueron afectadas económicamente por el desacople de montos entre la asignación universal por hijo ($117.252) y la asignación familiar por hijo ($58.572), que es la que le corresponde a quienes son monotributistas. Esas condiciones están expulsando a integrantes de las cooperativas.
● Escasez de elementos para cuidar: 1,4 millones de personas mayores quedaron por fuera de la cobertura de medicamentos de PAMI, el Remediar cayó de 162.000 botiquines distribuidos en 2023 a 53.000 en 2025. Las líneas de financiamiento para compras de alimentos en espacios comunitarios se ejecutaron al 28%. Ya no se distribuyen ni anticonceptivos, ni hormonizaciones, ni cunas, ni pulseras para identificar bebés.
● Sin espacio para cuidar: se derogaron todos los programas de construcción de vivienda a escala nacional, se cerraron 50 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumo problemático, se subejecutó el remanente del FISU y la infraestructura social está en 0%.
● Al mismo tiempo aparecen límites sociales ante la pérdida de derechos. La articulación de resistencias y confluencia de demandas de personas con discapacidad, con jubilaciones, que trabajan en el Garrahan, que reclaman por la universidad pública, se hicieron oír en Congreso y en los Tribunales.