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El discurso de la austeridad parece ser solo para el afuera. El Gobierno nacional dispuso un aumento del 123% para los sueldos de los ministros en apenas cinco meses, una cifra que choca de frente con la realidad de empleados públicos y jubilados. Mientras se repite que «no hay plata», la billetera oficial se abrió para la planta política, que en mayo pasará a cobrar más de 8 millones de pesos.
El incremento, que también beneficia a secretarios y subsecretarios, sale a la luz tras el fin del congelamiento salarial dispuesto para este 2026. La noticia se conoce en un clima enrarecido por los escándalos de las propiedades de Manuel Adorni y los créditos del Banco Nación a funcionarios. Hasta hace semanas, el gabinete percibía unos 3,5 millones, pero el salto salarial los deja ahora en una estratósfera distinta a la del resto de los trabajadores.
El ajuste es para los jubilados, no para el gabinete
La distancia entre los despachos oficiales y la calle es total. Mientras el ministro Luis Caputo califica como un «lujo» impagable cualquier mejora en las jubilaciones, el equipo presidencial se asegura ingresos millonarios. El sector pasivo, bajo la nueva fórmula de actualización, ya sufrió una caída real del 22% en el haber mínimo, convirtiéndose en el principal blanco del recorte económico.
La contradicción del relato oficial queda expuesta. El mismo Ejecutivo que vetó mejoras para los abuelos y festejó ese recorte con un asado en Olivos, hoy convalida sueldos que multiplican varias veces el ingreso de un estatal nacional. Con un sueldo promedio en la administración pública de 1.200.000 pesos, los nuevos haberes de los ministros marcan una brecha insalvable en un país donde los ingresos mínimos apenas alcanzan los 600.000 pesos.
