Un grupo de más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de todo el país, difundió una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores nacionales en la que expresa su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento de comisiones en el Senado.
Entre los firmantes se encuentran referentes de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y el Instituto de Ecorregiones Andinas, dependiente del Conicet. Una copia de la carta fue enviada a los senadores jujeños María Carolina Moisés, Ezequiel Atauche y Vilma Facunda Bedia, en coincidencia con la segunda reunión de comisiones del Senado.
Los firmantes sostienen que la iniciativa establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas internacionales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología o compromisos concretos con el desarrollo nacional.
Según la carta, el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera” y advierte que sus efectos se profundizarían al combinarse con otra propuesta actualmente en debate: el reconocimiento de personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial.
A criterio de los autores, ambas iniciativas podrían configurar un marco legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control democrático ni responsabilidades claramente definidas.
El documento también cuestiona el alcance de los incentivos fiscales previstos, al señalar que la evidencia internacional indica que las exenciones impositivas no constituyen el principal factor para definir la localización de centros de datos.
Otro de los puntos planteados es el impacto ambiental potencial de estas inversiones. Los firmantes advierten que infraestructuras de gran escala vinculadas a la inteligencia artificial demandan elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua, por lo que consideran necesario establecer regulaciones estrictas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono, especialmente en un contexto de crisis climática y estrés hídrico.
Asimismo, la carta sostiene que la cesión de competencias regulatorias en sectores estratégicos podría limitar la capacidad futura del Estado para definir políticas públicas. En ese sentido, menciona el antecedente del litigio por YPF como ejemplo de los costos que, según los autores, puede implicar la pérdida de margen de acción jurisdiccional frente a mecanismos de arbitraje internacional.
Los firmantes también señalan una contradicción entre la promoción de beneficios extraordinarios para grandes empresas tecnológicas extranjeras y la situación que atraviesa el sistema científico nacional. En el documento afirman que el desfinanciamiento del Conicet, la reducción de recursos para las universidades y la pérdida de capital humano especializado debilitan las posibilidades de construir una estrategia de desarrollo tecnológico con capacidades propias.
Finalmente, la carta hace un llamado a las senadoras y los senadores para que evalúen el proyecto considerando sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su propio modelo de desarrollo.
Los autores concluyen que la Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero sostienen que ese objetivo no debe implicar la renuncia permanente a herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.
El Súper RIGI y las provincias
El proyecto denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) fue aprobado por la Cámara de Diputados con media sanción y se encuentra en tratamiento en el Senado. Amplía el RIGI aprobado en 2024 (Ley Bases) y establece un marco de excepción para proyectos de inversión de al menos USD 1.000 millones en sectores como mega data centers de inteligencia artificial, minería, hidrocarburos, infraestructura digital estratégica, semiconductores y biotecnología.
El Súper RIGI ya está siendo debatido en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General del Senado, con la expectativa de firmar dictamen y llevarlo al recinto antes de fin de agosto de 2026.
La oposición ha reclamado explicaciones del Poder Ejecutivo, incluyendo un informe provincia por provincia de los resultados del RIGI vigente, y el oficialismo ha debido convocar a funcionarios de Hacienda y de Energía y Minería para sostener el proyecto ante las dudas de los bloques. La decisión final está cerca y cada senadora o senador de la provincia tiene la posibilidad concreta de pedir explicaciones o condicionar su voto.
El régimen ofrece:
- Alícuota de Ganancias reducida al 15% por 30 años
- Libre disponibilidad del 100% de las exportaciones e importaciones desde el primer día
- Estabilidad regulatoria, fiscal y cambiaria garantizada por tres décadas
- Exención total de aranceles de importación
- Protección bajo mecanismos de arbitraje internacional (CIADI) que limitan la jurisdicción nacional
A cambio, no se exige empleo local verificable, transferencia de tecnología, inversión en I+D nacional ni ningún compromiso ambiental específico.
Para adherir al régimen, las provincias deben comprometerse a no cobrar más del 0,50% de Ingresos Brutos a los proyectos incluidos, resignando autonomía fiscal por 30 años. Además, los proyectos aprobados quedan exentos de regulaciones provinciales que pudieran modificarse durante ese periodo, incluyendo normas ambientales.
Esto implica que las provincias pierden capacidad de regular el uso del agua, la energía y el territorio en proyectos de enorme escala sin recibir a cambio compromisos concretos de desarrollo local.
En su paso por Diputados, el proyecto incorporó la exigencia de un informe técnico ambiental y social y un compromiso mínimo de compras a proveedores locales. Sin embargo, estas exigencias no equivalen a una evaluación de impacto ambiental vinculante ni a mecanismos de control provincial: la autoridad de aplicación sigue siendo nacional, los estándares no están definidos con precisión, y las provincias continúan sin capacidad de exigir condiciones adicionales sin perder los beneficios del régimen.
La salvaguarda incorporada es, en los hechos, insuficiente frente a la escala de los proyectos habilitados.
El Súper RIGI en Jujuy
● 1 proyecto RIGI aprobado: ampliación EXAR (litio). Jujuy tiene un proyecto aprobado bajo RIGI: la ampliación de la planta de EXAR. El Súper RIGI elimina las ya mínimas exigencias de contenido local e inversión en I+D, reduciendo aún más el retorno provincial de un recurso estratégico no renovable cuya propiedad corresponde a la provincia por mandato constitucional.
● Crisis hídrica y derechos de comunidades originarias. Las comunidades de la Puna jujeña advierten que la extracción de salmuera en gran escala amenaza el equilibrio hídrico de sus salares. El conflicto se agudizó con la reforma constitucional de 2023, que habilitó el avance de proyectos litíferos sobre territorios de comunidades indígenas. El Súper RIGI amplía los beneficios para inversores extranjeros sin incorporar ningúna garantía de consulta previa, libre e informada.
● Extranjerización acelerada en el NOA. Jujuy forma parte del grupo de departamentos del NOA que alcanzan o superan el límite del 15% de propiedad extranjera sobre tierras rurales. El Súper RIGI (sin mecanismos de control territorial) profundiza ese proceso sin compensaciones para las comunidades locales. Jujuy es la provincia con mayor conflictividad territorial activa en torno al litio y los derechos de los pueblos originarios. La reforma constitucional de 2023 (impulsada durante la expansión de proyectos litíferos) derivó en protestas sostenidas, represión y restricciones al derecho de manifestación.
La carta completa
SÚPER RIGI: LA IMPUNIDAD ARTIFICIAL AVANZA
CARTA ABIERTA DE ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS, INVESTIGADORES Y REFERENTES DEL CAMPO TECNOLÓGICO
A las senadoras y los senadores de la Nación Argentina,
Argentina está a punto de aprobar el régimen de inversiones más extremo del mundo. El proyecto denominado «Súper RIGI» ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Si el Senado lo aprueba, ofrecerá a grandes corporaciones tecnológicas transnacionales privilegios fiscales, estabilidad regulatoria garantizada por décadas y protección jurídica excepcional. Todo esto sin exigir a cambio empleo local, transferencia de tecnología, ni ningún compromiso concreto con el desarrollo del país.
Quienes suscribimos esta carta, integrantes del mundo académico, científico y tecnológico, conocemos las consecuencias concretas de lo que está en juego y tenemos la obligación de advertirlo. El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera.
La gravedad se multiplica cuando se analiza en conjunto con otra reforma en discusión: el reconocimiento como personas jurídicas a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial. Esa combinación configura una arquitectura legal sin precedentes: corporaciones de enorme poder económico operando con privilegios excepcionales, sin controles democráticos ni responsabilidades claras frente a la sociedad argentina.
La renuncia fiscal es de una magnitud desproporcionada y más cuestionable aún cuando la evidencia internacional muestra que los incentivos impositivos no son el factor decisivo para que las empresas elijan dónde instalar sus centros de datos.
Tampoco puede ignorarse el impacto ambiental. Infraestructuras de esta escala recibirían garantías regulatorias por 30 años sin normas estrictas sobre consumo de agua, energía o emisiones de carbono. Los centros de datos asociados a inteligencia artificial demandan volúmenes crecientes de electricidad y agua. En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones que vienen.
Mientras el mundo debate cómo regular a las grandes tecnológicas, Argentina no puede resignar su capacidad de hacerlo. El caso YPF es una advertencia concreta: ceder soberanía jurídica sobre sectores estratégicos tiene costos multimillonarios. Amparar estas inversiones bajo mecanismos de arbitraje internacional que limiten la jurisdicción nacional sería repetir ese error en una escala mayor.
Existe, además, una paradoja que no puede ignorarse. Mientras se propone eximir durante décadas a grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras, el Estado desfinancia al CONICET, desmantela todas las áreas del sistema científico, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante décadas. Ningún país construye soberanía tecnológica de esa forma. Eso no es una política de desarrollo: es su negación.
Las senadoras y los senadores tienen ahora esa decisión en sus manos. Su responsabilidad no es evaluar solo los beneficios de corto plazo: es proteger la integridad de sus territorios, el derecho de sus habitantes al empleo digno, el cuidado de los recursos naturales y la capacidad de las futuras generaciones de decidir sobre su propio destino.
La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir su propio desarrollo.
No hipotecar el futuro también es una forma de defender la Nación.