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«Es un régimen más concesivo de lo que las propias empresas piden», sentenció el diputado nacional y economista Itai Hagman al analizar el impacto del Súper RIGI que tiene media sanción de Diputados. Para el legislador de Unión por la Patria, el principal perjuicio de esta norma no es solo el costo fiscal, sino el hecho de que el Estado otorgue beneficios cambiarios, fiscales y aduaneros por 30 años a corporaciones extranjeras sin exigir a cambio puestos de trabajo, divisas ni transferencia tecnológica para el país.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Súper RIGI en nuevas industrias impulsado por la Casa Rosada, con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Ahora continúa el trámite parlamentario en el Senado. En este contexto, el economista y diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires Itai Hagman analizó el impacto del proyecto y fundamentó el rechazo de su espacio político.
En una entrevista publicada en el diario Tiempo, Hagman sostuvo que el costo más significativo de este régimen para los argentinos no se limita al aspecto fiscal, sino que radica en una serie de concesiones otorgadas sin ninguna contraprestación.
En su análisis, diferenció este modelo de otros regímenes de atracción de inversiones válidos, en los cuales el Estado realiza concesiones a cambio de beneficios tangibles como la generación de puestos de trabajo, el desarrollo de encadenamientos productivos o el ingreso de divisas.
Según el legislador, la iniciativa oficialista no exige transferencia tecnológica ni ningún beneficio para el país, por lo que definió al sistema como un «esquema de saqueo».
Dos caminos anti industria
Respecto al impacto en el entramado productivo local, el diputado afirmó que la industria nacional se ve perjudicada por dos vías distintas.
Por un lado, señaló que el modelo económico general, caracterizado por la apertura comercial y la contracción del mercado interno, ya genera un retroceso en las fábricas locales debido a la caída de ventas y la competencia con productos importados.
Por el otro, advirtió que el Súper RIGI en particular permite a los inversores traer insumos y personal desde el exterior, lo que desplaza a los proveedores nacionales.
Además, alertó: «Una empresa, por ejemplo, transnacional que ya está operando en la Argentina y que ya lo venía haciendo en el sector minero, de hidrocarburos, en el agro o lo que sea, va a reorientar sus inversiones al RIGI y, por lo tanto, va a desinvertir en otras actividades que sí estaban generando algún tipo de encadenamiento para la industria nacional».
Y concluyó: «Entonces es todo pérdida para la industria nacional».
Régimen a medida
Al ser consultado sobre el alcance y los destinatarios de esta legislación, el economista manifestó que el régimen parece estar diseñado a la medida de actores específicos. Explicó que la norma se enfoca en «industrias nuevas», pero advirtió que los funcionarios oficialistas no supieron precisar qué sectores se postularían.
No obstante, consideró la posibilidad de que esté vinculado a las grandes corporaciones tecnológicas globales.
Finalmente, Hagman aseguró no conocer antecedentes en el mundo con un nivel de concesiones tan elevado y sin beneficios para la nación receptora. «Es un régimen más concesivo de lo que las propias empresas piden», sentenció.
A su criterio, la iniciativa combina una ideología libertaria extrema con un diseño discrecional, ya que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad exclusiva de decidir qué proyectos ingresan al régimen, lo cual, según sus palabras, constituye una fuente potencial de corrupción.
