A dos años del escándalo que puso a Jujuy en el centro del debate nacional por la libertad de expresión, la justicia penal de la provincia postergó la audiencia para tratar el pedido de sobreseimiento de Nahuel Morandini y Roque Villegas porque el Ministerio Público de la Acusación pretende ir a juicio oral.
La cita era para este martes a las 16:00 horas en la Oficina de Gestión Judicial, pero ante el pedido del MPA pasó para el jueves al mismo horario.
Durante este lunes, las partes fueron notificados por el juez penal que entiende en la causa, Roberto Assef que el Ministerio Público de la Acusación solicita la elevación a juicio en la causa donde Nahuel y Roque fueron imputados por un chiste en las redes sociales.
Además, el magistrado convocó a las querellas que son parte del Poder Ejecutivo, como el Consejo Provincial de la Mujer y las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes.
Un posteo que terminó en la cárcel
El caso se remonta a enero de 2024, cuando el docente Morandini y el trabajador independiente Villegas fueron detenidos tras compartir una «humorada» en redes sociales vinculada a la vida privada del entonces gobernador Gerardo Morales y su pareja, Tulia Snopek.
La defensa, encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, sostiene que la detención fue una utilización «selectiva y disciplinadora» de la justicia. Durante los 53 días que pasaron en el penal de Villa Gorriti, los imputados denunciaron haber sufrido torturas y vejaciones.
Cuando por fin la justicia se disponía a tratar los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de Nahuel hace dos años, el MPA, respondiendo a las presiones de Morales, solicita la elevación a juicio de la causa.
El contraste: Torturas probadas y causa abierta
Mientras la causa principal por los tuits permaneció estancada durante casi dos años, la investigación paralela por los malos tratos en la cárcel mostró avances:
- El fiscal Diego Funes dio por probadas las torturas denunciadas por Morandini y Villegas.
- Se solicitó la imputación de personal del Servicio Penitenciario.
«Se utilizaron interpretaciones forzadas de figuras penales para mantenerlos detenidos y presionarlos a aceptar un juicio abreviado por delitos inexistentes», recordaron desde el entorno de los acusados.
Convocatoria social
Familiares, sindicatos y organismos de derechos humanos convocaron a acompañar la audiencia del martes. Para los defensores, esta instancia es clave no solo para los involucrados, sino para sentar un precedente sobre los límites del poder del Estado frente a la libertad de expresión en Jujuy.
