La polémica por el costo de la energía eléctrica en Jujuy pone bajo la lupa no solo las decisiones del Gobierno nacional, sino también los millonarios contratos locales vinculados a la generación de energía solar.
Mientras la Susepu culpa exclusivamente a Nación por el tarifazo, la abogada Alicia Chalabe advirtió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que los usuarios jujeños pagan en dólares por una energía local bajo convenios sospechosos que datan de 2022. «Las explicaciones no convencen a nadie», sentenció.
En medio del malestar social por boletas que ya resultan impagables para miles de familias, la abogada de la asociación de usuarios Codelco sembró dudas sobre qué es lo que realmente se está cobrando en el cuadro tarifario provincial.
La versión oficial, sostenida por el titular de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu), Carlos Gronda, apunta a un único responsable: la Secretaría de Energía de la Nación y el precio del kilovatio en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Sin embargo, para Chalabe, esta explicación oficial es «confusa», incompleta y omite un componente clave que se genera y se factura en suelo jujeño.
El negocio detrás del sol
El núcleo de la denuncia radica en un entramado contractual que comenzó en el año 2022. Chalabe recordó que en ese momento, la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) firmó un convenio con la distribuidora Ejesa para incorporar a la tarifa un cargo por «costo de abastecimiento» proveniente de los parques solares de la provincia. En dicho acuerdo se fijó un valor de 79 dólares el megavatio.
Poco después, mediante una licitación pública, la operación de estos ocho parques solares fotovoltaicos fue cedida al Grupo Secco. «Lo importante para el usuario, más allá de toda la cuestión jurídica, es que todos los usuarios del servicio de energía eléctrica de Jujuy tenemos incorporado en la boleta ese cargo de abastecimiento en dólares desde el año 2022», explicó Chalabe.
La abogada calificó aquel acuerdo de «absolutamente leonino», considerando que en 2022 la energía en el país estaba fuertemente subsidiada y que ese valor en dólares representaba un incremento de entre el 75% y el 140% respecto a los valores vigentes de mercado en ese momento.
¿Magia o contradicción oficial?
Ante el argumento de la Susepu de que el tarifazo actual se debe «exclusivamente» a las medidas de Nación, Chalabe ironizó: «Parece una cosa de magia. ¿Desaparecieron los parques? ¿O sea que los usuarios ya no estamos pagando esos costos de abastecimiento de los parques locales?».
Para la especialista, existe una flagrante contradicción entre el discurso público de los funcionarios y las resoluciones que se publican en el Boletín Oficial, donde estos cargos siguen vigentes y activos.
Además, el Grupo Seco arrastra sus propios ruidos políticos y judiciales. La firma está vinculada al empresario Mauricio Balán, quien figura como arrepentido en la conocida «causa de los cuadernos», mientras que su entorno familiar directo ha sido señalado en investigaciones internacionales como los Panama Papers.
«Si la fiscalía en Jujuy está tan activa investigando a otros fiscales, también sería bueno que investigue esto, porque me parece que los defraudados somos un montón: la totalidad de los usuarios del servicio eléctrico de la provincia», reclamó la letrada.
Una tarifa desigual e impagable
En Jujuy, al costo puro de la energía se le suman tasas municipales, cargos variables, el IVA y, de manera latente, la constante presión por sumar otros servicios, lo que proyecta facturas residenciales que ya rozan o superan los 300.000 y 400.000 pesos en muchos hogares.
A esto se suma el durísimo costo de quedar desconectado: el cargo por reconexión ya se ubica en los 30.000 pesos, una barrera casi insalvable para quien ya no pudo pagar el consumo del mes.
Chalabe derribó además el argumento de que Jujuy simplemente padece las generales de la ley nacional: «Si el precio final dependiera únicamente de la energía que fija Nación, todas las provincias tendríamos que tener la misma tarifa. Y claramente no es así. Hay provincias baratas, otras medianas y otras carísimas. Jujuy está entre las más altas del país. Hay que dilucidar de una vez a qué se debe que paguemos tanto».
Tarifa social insuficiente
Frente a la crisis, la respuesta recurrente del Gobierno provincial es exhibir la cobertura de la tarifa social. No obstante, en la práctica cotidiana, el beneficio queda pulverizado ante el consumo real de los hogares.
El subsidio actual cubre apenas un bloque básico de 150 kilovatios (ampliable a 250 en épocas de alta demanda estacional). «Hoy colocás cuatro celulares a cargar a la noche, prendés el televisor, tenés la heladera funcionando y esa cantidad de kilovatios vuela», graficó la abogada.
Y puso como ejemplo la situación aun más dramática en las zonas cálidas de la provincia, como Yuto o Libertador Gral. San Martín, donde por las altas temperaturas que obligan al uso de acondicionadores de aire el consumo promedio se eleva a un piso de 400 o 500 kilovatios mensuales.
«La tarifa social hoy no cubre la necesidad de un usuario. Lo que se tendría que hacer es cruzar los datos de quiénes cobran un salario mínimo y subsidiarles el total de la factura. No sirve darle un paliativo de 50.000 pesos a alguien que recibe una boleta de 180.000 o 200.000 pesos», concluyó Chalabe, exigiendo que se transparente de manera urgente y «sin misterios» cada uno de los componentes que integran la tarifa eléctrica en Jujuy.