“La actividad desarrollada en todo el país en el plan del Ejército Argentino, incluía todas las fuerzas de seguridad, es decir que todo el arsenal bélico quedaron a disposición y cumplimiento de ese plan criminal”, sostuvo la letrada.
Una vez más, en esta jornada del proceso judicial, hubo fallas de conexión de internet que demoraron el inicio de la audiencia.
Mántaras es autora de los libros «Genocidio en la Argentina» y “Caso Carrasco”, y ya había dado testimonio en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia.
Tras un cuarto intermedio, prestó testimonio Francisco Peñalba, quien trabajó en el área de Radio Patrulla de la Policía local y además que fue custodio de la gobernación durante el mandato del mandatario Carlos Snopek, entre los años 1973 y 1976.
Peñalba, quien alegó tener graves problemas auditivos, no aportó datos a las preguntas realizadas por la fiscalía sobre si conocía a algunas de las víctimas pertenecientes al llamado Gupo Tumbaya. El hombre formó parte del grupo de tareas que lidera el comisario Ernesto Jaig, en las épocas nefastas de Jujuy.
Este proceso está develando la causa «Galeán y otros», donde fueron detenidos y desaparecidos siete militantes del Partido Comunista de la localidad Tumbaya, Paulino Prudencio Galeán, su hermano Crecente, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Rosa Santos Mamaní, Carlos Villada y Vicente Cosentini, de grupo de 17 militantes del Partido Comunista que fueron detenidos entre 1976 y 1977.
Hay 14 represores que están procesados por los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada”, “tormentos agravados”, “violación de domicilio”, “sustracción ilegal de objetos”, “robo en despoblado” y “homicidio agravado”. Eran miembros del Ejército Argentino, Servicio Penitenciario, Policía federal y Policía de Jujuy.