Tierras campesinas en Palma Sola: Morales denunció a funcionarios nacionales en la justicia federal 

El gobierno de la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, denunció por «usurpación y abuso de autoridad» a un funcionario y dos funcionarias nacionales que realizaron un relevamiento de tierras campesinas en la localidad de Palma Sola, departamento de Santa Bárbara.

Las personas denunciadas son el titular de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Miguel Gómez; la intendenta del Parque Nacional Calilegua, Cecilia Iriarte, y la abogada María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) Jujuy.

El gobernador Gerardo Morales había adelantado la semana pasada que denunciaría penalmente a los funcionarios y funcionarias que llevaron adelante el relevamiento y la entrega de carpetas a campesinos y campesinas de Palma Sola. Este jueves, los tres fueron notificados de que la Fiscalía de Estado presentó en el juzgado federal de Jujuy las respectivas denuncias con el patrocinio del abogado Francisco Barrau.

En sintonía con el avance judicial, el Concejo Deliberante de Palma Sola derogó la ordenanza municipal que en 2016 declaró área campesina al sector rural el ejido municipal y estableció hacer un ordenamiento territorial, ambiental y tenencia de la tierra, además de un censo de quienes habitan, producen y cuidan el monte y la tierra de esa zona.

Además de la presentación de la denuncia y la derogación de la ordenanza, se dio en los últimos días lo que María José Castillo calificó como «una embestida mediática». En este contexto, el ministro de la Producción, Juan Carlos Abud Robles, dio una entrevista televisiva en la que insistió que los funcionarios nacionales ahora denunciados habían entregado tierras a militantes sociales. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) pidieron al canal derecho a réplica para desmentir esas afirmaciones, pero no recibieron respuesta.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Castillo explicó: «Hay una tergiversación de lo que se hizo. Nosotros fuimos a Palma Sola el 19 de abril a entregar unas carpetas de un relevamiento de tierras. El gobierno de la provincia, a través de diferentes funcionarios, dice que entregamos tierras, lo cual no es cierto. Y que las entregamos a militantes sociales. En realidad fue un reconocimiento de una realidad de hecho, de la posesión de más de cien familias campesinas que producen y habitan la tierra, la mayoría desde hace más de tres generaciones. Son habitantes de siempre de Palma Sola. En la localidad y en el departamento Santa Bárbara los conocen».

Por otro lado, la funcionaria remarcó que «reconocer derechos no sólo no constituye delito alguno, sino que es una obligación impostergable de quienes decidimos asumir funciones públicas».

Es en ese marco que la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación llevó adelante el relevamiento territorial sobre 23 mil hectáreas distribuidas en 18 parajes rurales, a más de 100 familias, y entregó carpetas en las que constan su nombre, su domicilio y la antigüedad que tienen en el puesto.

La derogación de la ordenanza no cambia lo que se hizo, a pesar de que el texto firmado este miércoles por el intendente Fernando Agüero establece dejar «sin efecto todos los censos, relevamientos, reconocimientos y/o cualquier acto administrativo emanado de organismos municipales, provinciales o nacionales en consecuencia de la aplicación» de dicha ordenanza. Es que al momento de la realización del relevamiento, la norma municipal estaba vigente. Por lo tanto, ese trabajo es «totalmente legítimo y válido», definió Castillo, y aclaró lo obvio: que la derogación sólo tiene efecto a futuro.

«Lo que sí muestra este acto de derogación es que los poderes locales ceden frente a la presión que ejerció el gobernador», analizó.

Para la abogada, esa ordenanza «no tenía nada de malo, sino que venía a generar un ordenamiento territorial, ambiental, productivo y de tenencia de la tierra de la localidad; era una ordenanza de avanzada».

A su entender, la derogación de esa norma es producto de «la molestia de cierto sector de la sociedad de Palma Sola que no acuerda con un reconocimiento de derechos».

«La verdad es que es bastante grave», sentenció.

Consultada sobre cuál sería el motivo para una oposición tan virulenta a la tarea de la SAF en la zona, señaló: «Es una tierra productiva que ha sido tradicionalmente ocupada por familias campesinas que producen diversidad de alimentos, horticultura, ganadería, pero con el cambio del paquete tecnológico que permitió la avanzada de la soja, la caña y el poroto a ese territorio, esa tierra se valuó para el agronegocio. Entonces, lo que está en disputa es el agronegocio frente a la producción campesina de alimentos de calidad y sanos para la localidad».

La denuncia penal presentada en la justicia federal es por los delitos de usurpación y abuso de autoridad. «El gobierno de la provincia de Jujuy dice que hicimos uso de facultades que no nos corresponden, cuando en realidad nosotros lo único que hicimos fue cumplir con las normas internacionales de derechos humanos para la población campesina; con la ley nacional de Agricultura Familiar, la 27.118, a la cual la provincia de Jujuy adhirió, y con la ordenanza que ayer fue derogada», insistió Castillo.

Más allá de la cuestión judicial, es claro que hay una disputa de tipo político. Para la funcionaria, la situación planteada «tiene que dar como resultado una posibilidad de diálogo».

«Nosotros apostamos siempre al diálogo, a poder llegar con las políticas nacionales a cada uno de los territorios. Para que se entienda: estamos hablando de la posibilidad de un reconocimiento de derechos a un sector productivo y queremos avanzar en eso y llegar con las políticas de promoción y desarrollo en conjunto con las áreas locales, como la provincia y el municipio», afirmó.

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