El exintendente de Tilcara, Ricardo Alfredo Romero, y el extesorero municipal, Juan José Ortega, fueron condenados mediante un juicio abreviado por hechos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La resolución estuvo a cargo del Tribunal Colegiado de Juicio integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss.
Romero recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos tras ser considerado autor de administración fraudulenta agravada (cuatro hechos), abuso de autoridad y exacciones ilegales agravada.
Por su parte, Ortega fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua al ser hallado coautor de administración fraudulenta agravada en cuatro hechos.
El dictamen judicial se concretó luego de que ambos exfuncionarios reconocieran su responsabilidad penal sobre los delitos imputados, permitiendo que el tribunal homologara el acuerdo alcanzado entre el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Funes, y las defensas técnicas, con la conformidad de las víctimas representadas por la querella.
Además, se fijaron reglas de conducta por dos años que incluyen someterse al Patronato de Liberados, firmar el Libro de Caución cada 30 días y la prohibición de acercamiento o contacto con los querellantes.
Los cuatro episodios de administración fraudulenta se produjeron entre enero y febrero de 2018. Durante ese periodo, los imputados libraron una serie de cheques a favor de Adolfo Enrique Pedroza sobre cuentas de la Municipalidad de Tilcara sin actos jurídicos válidos que fundamentaran el trámite ni respaldo de fondos suficientes, provocando un perjuicio económico al erario municipal por un total de 35 millones de pesos.
Abuso de autoridad y exacciones ilegales
La condena hacia el exjefe comunal abarcó también un hecho de abuso de autoridad perpetrado en noviembre de 2017, cuando cedió de forma directa la concesión y producción de las ediciones 2018 y 2019 del Enero y Febrero Tilcareño al mismo privado, sin llamar a licitación pública ni contar con el aval del Concejo Deliberante.
En tanto, el delito de exacciones ilegales imputado a Romero ocurrió en febrero de 2018, momento en que solicitó por intermedio del contratista un depósito de dinero en su caja de ahorro personal para acelerar la cancelación de cheques adeudados a un proveedor.