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El fiscal especializado en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alejandro Bossatti, tiene a su cargo las investigaciones relacionadas con las dos violaciones cometidas en Tilcara en los últimos días. Tras el ataque que sufrió una turista española el sábado en Huichaira, este martes una niña de 13 años fue víctima de una agresión similar, en la Av. Costanera tilcareña. Tanto el fiscal, que todavía no se hizo presente en el lugar, como la ayudante fiscal María Eugenia Di Pietro, recibieron críticas de la comunidad por la falta de avance en las investigaciones. Fuentes policiales, en tanto, dicen que son «optimistas».
El pasado sábado a las 19 horas, una turista española de 23 años fue salvajemente golpeada y ultrajada sexualmente mientras caminaba por la ruta de acceso a Huchaira, a 300 metros de la Ruta Nacional 9. El atacante la golpeó con una piedra, la violó y le robó objetos personales, algunos de los cuales fueron recuperados en el rastrillaje posterior, excepto el teléfono celular.
El segundo hecho ocurrió el martes a las 21, cuando una niña de 13 años fue violada en la Av. Costanera de Tilcara. Se trata de una adolescente originaria de Maimará que se dirigía en ese momento a la parada de remises, para volver a su casa. El delincuente aprovechó la oscuridad y las construcciones deshabitadas del lugar.
En ambos casos las lesiones y los abusos fueron constatados por el personal médico. Las dos jóvenes quedaron internadas en el Hospital Salvador Mazza de Tilcara.
En la Comisaría 14 de la localidad quebradeña cunde el nerviosismo y el hermetismo, debido a una fuerte presión política para que los casos no tomen estado público. Y hay tensión entre la fiscalía, la brigada y la policía, que se culpan mutuamente por las filtraciones a la prensa. Es que desde el gobierno no quieren que la información trascienda para que no se vean afectados los intereses económicos del sector turístico y la campaña electoral.
Siete años no es nada
Estos hechos hicieron recordar un antecedente similar ocurrido en 2012, cuando una turista inglesa fue violada cuando descendía de la Garganta del Diablo. Por ese ataque, en un primer momento la policía arrestó a tres hombres, que luego fueron liberados. El caso quedó impune y la sensación en la comunidad es que esas detenciones se habían realizado para calmar la ansiedad pública.
Siete años después de ese suceso, Tilcara vuelve a conmocionarse y reaparecen las dudas y la desconfianza. La pregunta es qué ha cambiado en ese lapso, habiendo crecido el reclamo de las organizaciones de mujeres, y habiendo nacido en el medio el movimiento Ni Una Menos, que reclama políticas públicas activas para prevenir la violencia de género y su expresión más extrema, los femicidios.
En lo formal, existe ahora la Policía Turística, que tiene gran presencia en la Quebrada de Humahuaca. Hubo también avances en la provisión de materiales específicos a los centros de salud, como los kits de emergencia para evitar o minimizar las consecuencias tras una violación. En el sistema judicial, en tanto, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual, que está a cargo de Bossatti.
Fuera de estas formalidades, la ausencia de resultados despierta la indignación de buena parte de la comunidad, sobre todo cuando se advierte que los agentes estatales a cargo de estas áreas carecen de la formación profesional y ética adecuada para abordar estas situaciones. El equipo de la fiscalía está compuesto por varios varones y una sola mujer.
En 2012, funcionarios de la embajada británica en Argentina se apersonaron en Tilcara tras el ataque a la ciudadana inglesa. Se detuvo entonces a tres sospechosos y se los liberó apenas se fue la comitiva, en una maniobra que claramente se realizó para impresionar a los diplomáticos. Luego, la investigación quedó en la nada.
Hubo también una reacción política. El entonces intendente Félix Pérez hizo la misma pregunta que la fiscalía -«¿Qué hacía sola en ese lugar?»-, y la única acción que encaró fue la de colocar carteles en el acceso a la Garganta del Diablo que indicaban que no se debía hacer el circuito turístico sin un guía. Para leerlos, había que llegar hasta allí.
Las víctimas tienen el derecho a una atención adecuada y también a que el servicio de justicia les dé una respuesta sobre los atacantes. La comunidad en general, y las mujeres en particular, necesitan de urgentes políticas públicas de prevención, concientización y contención. Porque las formalidades policiales, judiciales y administrativas no alcanzan cuando los funcionarios y funcionarias a cargo no están a la altura de esas necesidades.
