Por Gabriel Morini, en Ámbito. La causa judicial por espionaje y seguimiento ilegal de la AFI que se investiga en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena ya acumula más de una treintena de personalidades del ámbito político que fueron “objetivos” de inteligencia clandestina durante el Gobierno de Mauricio Macri. Ámbito pudo corroborar que entre los afectados también están los intendentes de Lomas, Martín Insaurralde y de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Se suman a la extensa nómina que ya reveló este diario y que encabezan la expresidenta Cristina de Kirchner y Eduardo Duhalde, pero también varios dirigentes de Cambiemos como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. El actual senador por Neuquén Oscar Parrilli –cuyas escuchas habían sido difundidas en una precausa y cuya secretaria figura en la nómina de correos “pinchados” que denunció Cristina Caamaño- aparece nuevamente como una de las personas a las que el “raviol” de la exSIDE mantuvo bajo seguimiento. Quizá por su cercanía con la expresidenta.
Todos los condimentos del expediente lo convierten en el mayor escándalo ligado al espionaje de los últimos años. Es dable esperar que la semana próxima comience el desfile de citaciones para las víctimas del accionar ilegal de los espías, pero puede haber novedades antes. Será el paso previo a que se constituyan como querellantes.
Cuñado
Como en 2009, en la causa de escuchas ilegales que involucró a Macri, los lazos de cercanía vuelven a atraerlo hacia el cenagoso territorio del espionaje familiar: el cuñado que ahora es víctima en la causa de Lomas es el italiano Salvatore Pica, novio de su hermana Florencia Macri, y que remite al parapsicólogo Néstor Leonardo, pareja entonces de Sandra Macri.
La diferencia radica en que en aquel momento la responsabilidad sobre la intromisión sobre Leonardo quedó descargada en el patriarca Franco Macri, cuya salud física y mental comenzó a deteriorarse a comienzos de 2018. La temporalidad en los seguimientos de la AFI durante la era del escribano Gustavo Arribas lo será todo ahora.
Misma secuencia podría advertirse sobre Vidal. La exgobernadora hizo públicas diferencias en materia de espionaje en plena ebullición del caso D’Alessio. Cuenta la leyenda que entonces planteó a Macri su malestar, luego de haber recibido información de Ritondo acerca de que exmiembros de la Bonaerense habían sido reclutados por la AFI para trabajar de forma inorgánica. El expresidente la mandó a hablar con Arribas, que negó todo. Los seguimientos a Vidal que constan en el juzgado de Lomas de Zamora son pocos. Si hubiesen cesado en marzo de 2019 sería todo un dato indicativo. Imposible que no tense la política interna de Juntos por el Cambio.
Celulares
Los teléfonos secuestrados fueron la clave. Pero no los del abogado Facundo Melo, el primer eslabón al que se llegó a través del presunto narco Sergio “Verdura” Rodríguez y que resultó ser un agente orgánico de la AFI. El que no era afecto a borrar el contenido de los aparatos fue Leandro Araque, agente que el 19 de diciembre de 2019 fue asignado como inspector a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con destino a la comisaría 1E. El “run run” lo relaciona al fallecido excomisario Jorge “Fino” Palacios.
Entre todo el material que analiza Villena –donde cada episodio de espionaje y eslabón de la cadena deriva en múltiples y más variadas operaciones- se incluye el seguimiento de un periodista de La Nación hasta la puerta misma de un juzgado de Comodoro Py, donde lo fotografió entrando. Grave.
La filtración de información sobre la nómina de la estructura ilegal enquistada dentro de la AFI para realizar tareas de inteligencia ilegal tiene una explicación lógica: José Luis Vila, el exanalista que recibió el atentado frustrado con un paquete bomba en un domicilio que no ocupaba, desde esa amenaza, ocurrida en 2018, no se quedó quieto. En el submundo del espionaje, las diferencias se dirimen bajo la Ley del Talión. La proliferación de información que estalló en muy pocos días amenaza con convertirse en un tsunami en las próximas semanas, a riesgo de marear a cualquiera con una trama que se entrecruza.
Tanto que el tironeo que comenzó para arrastrar la causa de Villena a Comodoro Py grafica parte de lo inabarcable que es la causa en ciernes y bajo secreto de sumario.
El fiscal Guillermo Marijuan reclamó todo lo vinculado a Vila. Tiene delegada la investigación por parte del juez Sebastián Ramos. Y creyó que Villena tiene imputados a las exautoridades de la AFI, en referencia a Arribas y a Silvia Majdalani, algo que todavía no ocurrió en Lomas de Zamora.
Ariel Lijo tiene el tramo vinculado a Melo, que emergió para denunciar aprietes para perjudicar al clan Moyano. Es una batalla silenciosa, pero será crucial.
¿Puede cruzarse este escándalo con las trapisondas que se investigan sobre la “Mesa Judicial”? Hay todavía más causas que revuelven esos manejos.
Mesa judicial
Los frentes para los “cruzados” judiciales de Macri también amenazan con multiplicarse. Hoy, la camarista de Casación Ana María Figueroa enviará la contestación al amplio abanico de preguntas que le formuló el fiscal Ramiro González. Quienes conocen a la jueza aseguran que responderá de manera completa –alrededor de 200 carillas- con varios anexos.
El margen de acción de Figueroa es estrecho: reveló en una entrevista periodística que sufrió presiones del Poder Ejecutivo –hizo referencia a un funcionario particular, aunque no hizo nombres- y señaló que no se sometió a esos mensajes. La secuencia remite a diciembre de 2015, cuando el ahora fiscal general Juan Bautista Mahiques le habría anunciado que su jefe formal, el exministro Germán Garavano, tenía planeado asistir a su balance de gestión como presidenta de la Casación. Renglón seguido le habría mencionado que la causa por la firma del Memorándum con Irán requería una firma de la jueza y que si eso no se agilizaba, Garavano pegaría el faltazo. En el plano de lo real, Figueroa no intervino, el expediente quedó abstracto por retiro de la apelación del Ejecutivo y Garavano concurrió al acto. No quita las presiones ejercidas por otras vías (medios) y con otros emisarios.
Más allá de que se llevará la marca el caso del juez Rodolfo Canicoba Corral y sus expedientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano de selección y remoción de jueces activará una agenda vinculada al “lawfare” y la presión del macrismo a los jueces con las denuncias flojas de papeles que recibieron magistrados laborales y el propio Alejo Ramos Padilla. Ese torbellino adquirirá una dinámica propia en la cual, la “Mesa Judicial”, puede recibir nuevas malas noticias.