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El sindicato AEFIP, que representa a empleados de la AFIP, definirá en las próximas horas medidas de fuerza en rechazo a la disolución del organismo que anunció el Gobierno. «No hay margen para evitar un plan de lucha», sostuvo Pablo Flores, titular de AEFIP, en declaraciones periodísticas. El sindicato de empleados de la Aduana también analiza medidas en conjunto.
Y agregó: «Vamos a sacar el estado de alerta general, vamos a hacer movilizaciones y haremos más medidas en cuanto conozcamos los detalles. Lo más preocupante son los 3.100 puestos de trabajo de compañeros».
«Si ellos evalúan que hay mucha gente en el Estado, la verdad es que en todas las áreas hay reclamos de falta de personal», señaló Flores.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que en lugar de la AFIP, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con menos costos y burocracia.
La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.
Los trabajadores nucleados en la AEFIP catalogaron la determinación de «premio a los evasores».
«La constitución y nuestro Convenio Colectivo de Trabajo son sostén de la estabilidad del empleo público ante el despido arbitrario», plantearon desde la organización.
Desde AEFIP le confirmaron al portal InfoGremiales que este martes habrá asambleas en todo el país e incluso reuniones conjuntas con los aduaneros, también afectados por esta determinación de Javier Milei. Además no descartaron la judicialización de la norma, aunque para eso habrá que ver la letra chica, y definieron: «Haremos todo lo necesario».
Además, en un comunicado, aclararon que «en todos los períodos de Gobierno hubo ingresos de personal, sin excepción, sencillamente porque la planta se reduce vegetativamente por cuestiones naturales». Y aseguraron que la AFIP tiene el mismo nivel de personal desde su creación y menos que en 2019.
Señalaron, adicionalmente, que la creación de la AFIP significó un avance en materia de «recaudación y fiscalización del Estado» y destacaron el alto grado de formación y capacitación de sus empleados.
«Repudiamos el vaciamiento del Estado y una intencional política tributaria en favor de los grandes grupos económicos y los sectores más pudientes de la sociedad, ya que lejos de generar ahorros en las cuentas públicas, con estas medidas se profundiza la disminución de la capacidad recaudatoria», añadieron.
Y avisaron: «AEFIP y el conjunto de trabajadores de nuestro organismo no vamos a convalidar ni tolerar esta política unilateral de avasallamiento de derechos y destrucción de la fuentes de trabajo».
En tanto, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) convocó a una asamblea general para sus trabajadores y expresó su enérgico rechazo a la disolución de la AFIP, medida que anunció este lunes el Gobierno de Javier Milei.
«En atención al comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación en el día de hoy, el Supara manifiesta su total y enérgico repudio y rechazo a la disolución de la AFIP y a la desvinculación masiva de trabajadores del organismo. Esta medida, además de intempestiva, es violatoria de la Constitución Nacional y de las normas laborales vigentes», sostiene el comienzo del comunicado.
Considera que “el anuncio del despido masivo de 3.155 agentes de la AFIP (ingresados bajo procesos de selección debidamente auditados) constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna”.
Además indica que “los trabajadores involucrados gozan de la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual protege a los empleados públicos de la arbitrariedad y abuso de poder por parte del gobierno. Esta estabilidad no puede ser vulnerada bajo excusas administrativas ya que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley”.
Por otra parte, afirman que “la disolución de la AFIP no es más que un intento de debilitar al Estado y las potestades de control a su cargo, en detrimento del interés colectivo. El Presidente, bajo el disfraz de una supuesta “modernización del Estado”, está desmantelando las estructuras fundamentales del Estado Nacional, destruyendo organismos esenciales para garantizar la soberanía y el desarrollo económico de la Nación”.
“Denunciamos que esta medida no solo es un golpe directo a los trabajadores, sino también un ataque a la esencia misma del Estado, socavando su rol en la protección de los bienes públicos y el cumplimiento de la ley”; sentenciaron desde Supara.
