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Organismos de derechos humanos de la provincia cuestionaron la designación de María Eugenia Villada para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles o Degradantes (CPT), que se concretó sin tener en cuenta las exposiciones vertidas en la audiencia pública del 17 de octubre pasado, la mayoría de las cuales se manifestaron en favor de la otra postulante, Fabiola Suárez.
Manuel Paz, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Jujuy calificó la situación como «un trámite exprés e inconsulto», y remarcó que «se desconocen los fundamentos» de la designación de Villada, de La Casa de las Madres de Jujuy.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el abogado y docente universitario repasó: «Se llamó a una audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que tenía como objetivo escuchar a los organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales para la designación de un integrante del Comité de Prevención Contra la Tortura».
En esa ocasión, la mayoría de las exposiciones se manifestaron en favor de Fabiola Suárez, mientras que Villada contó con el apoyo de dos de las participaciones.
«Se dieron argumentos suficientes en relación a la trayectoria de Suárez, el trabajo que viene haciendo desde hace años», relató Paz, en referencia a su compromiso en la defensa de los derechos humanos, acompañando movilizaciones populares, denunciando actos represivos y detenciones irregulares de personas que ejercían su derecho a la protesta, entre otras acciones.
Si bien la audiencia convocada en la Legislatura no tenía un carácter vinculante, para el abogado es preciso que los integrantes de la Comisión de DDHH deberían haber tomado en cuenta «la idoneidad, la experiencia y la trayectoria» de Suárez.
«No sé si no escucharon o ya tenían una una decisión tomada», comentó Paz, y aclaró: «La otra postulante tiene un antecedente histórico si se quiere, un reconocimiento de los derechos humanos a su lucha. La acompañamos también organismo, incluso. Pero no tiene la experiencia ni el trabajo territorial que hoy requiere el Comité».
Para los organismos y organizaciones que respaldan a Suárez, es preciso que el CPT cuente con la idoneidad, el conocimiento y la experiencia para cumplir un rol que es fundamental. «Esto es necesario sobre todo en situaciones de violencia institucional, que se plantean en todos los lugares de encierro, ya sea en un hospital, en la cárcel o en una comisaría, donde se encuentran personas privadas de la libertad o personas en situación de vulnerabilidad, que es donde el Comité debe actuar», explicó Paz.
Por otro lado, los organismos cuestionan la falta de transparencia en el proceso de designación. «Por un lado, la decisión se tomó en menos de cinco minutos, y por otro lado desconocemos los argumentos con que la tomaron».
«Tenemos conocimiento de que uno de los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos llegó a la reunión y se encontró con que ya estaba firmado el despacho para que hoy pasara la designación a la Comisión de Asuntos Institucionales», reveló Paz.
En este contexto, se presentó este lunes un escrito pidiendo una reunión con Asuntos Institucionales y poniendo a sus autoridades en conocimiento de la situación. Pasadas 24 horas, aún no tienen respuesta.
«No tenemos novedades, ni nosotros ni la postulante. Tampoco sabemos si el pedido entró a la Comisión. Por eso decidimos poner en conocimiento de la sociedad lo que está pasando», afirmó Paz.
El CPT está integrado por tres miembros. Un representante del Poder Legislativo, que ocupa la presidencia; uno del Ejecutivo, y uno postulado por organizaciones de derechos humanos. Este tercer lugar es para el que se postularon Suárez y Villada.
-¿Hay alguna posibilidad de que se cambie la designación?
-Sí. Si la Comisión de Asuntos Institucionales entiende que puede haber habido una irregularidad en la designación, podría volver a la Comisión de Derechos Humanos. Pero quizás esto no suceda por la urgencia que puede plantear el mismo organismo, que está acéfalo el comité y debe ser integrado.
-Ustedes cuestionan además el carácter casi privado de la audiencia que debía ser pública. ¿Es así?
-Sí, fue pública, pero no tuvieron acceso los medios periodísticos. Además, supuestamente se generó una versión taquigráfica de la audiencia, pero no la tenemos. De modo que el acceso a la información no está garantizado. Y ahí también hay un riesgo institucional.
-¿Qué van a hacer ustedes de acá en adelante?
-En principio, esperar que la Comisión de Asuntos Institucionales responda. Y si no responde, o quizás designe esta persona, se verá si cumple su rol o no. Puede haber denuncias por incumplimiento a los deberes de funcionario si no lo hace, una observación por los organismos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales.
