El traslado de Milagro Sala desde el penal de Alto Comedero a su casa de la localidad de El Carmen provoca más de una molestia entre funcionarios jujeños. El juez Pablo Pullen Llermanos, lejos de disponer una prisión domiciliaria tal como establecen las normas vigentes, optó por ordenar una serie de medidas y restricciones que convertirán a la vivienda en una cárcel ad hoc para la dirigente social. Esas medidas hicieron correr y protestar a más de uno de los responsables de ponerlas en marcha, mientras que otros se sentaron a calcular cuánta plata le va a costar todo esto a las anémicas arcas provinciales.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia es el área del gobierno que está con más trabajo por estas horas, instalando un sistema de cámaras de seguridad perimetrales, las que estarán listas dentro de dos o tres días.
También se está organizando la cuestión de las visitas, porque Pullen Llermanos puso unas cuantas restricciones a la circulación y permanencia de personas. Los únicos que podrán entrar y quedarse todo el tiempo que quieran son los familiares de Milagro, “parientes consanguíneos y afines hasta el cuarto y segundo grado respectivamente”, dice la resolución del juez. Para las visitas, dispuso que solo podrán ingresar de a cuatro por vez, los martes, jueves y sábados de 7 a 19; que cada uno de esos días no podrán visitar a Sala más de veinte personas en total, y que los visitantes no podrán entrar con “accesorios y aparatos electrónicos”.
Pese a tantas restricciones y detalles, la resolución no prevé quién se hará cargo de controlar este aspecto, ni si harán requisas similares a los visitantes como en el Servicio Penitenciario.
Como sea, toda esta serie de reglas implica la organización de un operativo permanente, con personal dedicado a realizar los controles respectivos.
En suma, el sector se va a llenar de uniformes de todos los colores. Cerca de 15 gendarmes estarán a cargo del primer perímetro, donde se instalaron las cámaras y además hubo que poner más iluminación. La Policía de la Provincia, en tanto, estará a cargo del segundo y tercer anillo de control, sin contar la tarea que desplegará la Caminera en las rutas cercanas.
Eso sí: ni Gendarmería ni la Policía provincial tendrán contacto con el sector interno de la vivienda.
Más allá del trabajo adicional que implica para funcionarios, empleados y agentes la organización de las nuevas condiciones de detención de Sala, muchos se preguntan cuánta plata le está saliendo todo esto a la provincia.
Hasta ahora, nadie quiere tirar un número, aunque Meyer aseguró que cuando se termine con todo se informará el total de lo gastado en la obra de la iluminación, la colocación de las cámaras, la implementación de las tobilleras electrónicas y los gastos adicionales que implicarán la afectación de personal. “La suma es cuantiosa”, adelantó el ministro.
Cuando estén instalados el tráiler y la casilla de Gendarmería, y las cámaras estén en funcionamiento, los dos jueces volverán a inspeccionar la casa y los alrededores, para finalmente autorizar el traslado. Subirán a Milagro Sala a un móvil del Servicio Penitenciario, uno de los autos blancos en los que suelen llevarla cuando debe presentarse ante un juez o un fiscal, mientras la Policía de la Provincia va de custodia.
Cuando se le preguntó al juez Pullen Llermanos por qué no fijaba como lugar de detención la casa de Milagro Sala del barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, respondió que no estaban dadas las condiciones para instalar el operativo de seguridad. Entre otras cosas, se dijo que el barrio vería alterado su ritmo y que las calles son demasiado angostas para que Gendarmería Nacional haga su trabajo.
Milagro Sala pidió hablar con él. Fue a su despacho este lunes a primera hora. Allí le explicó lo que todos ya saben: que su esposo, Raúl Noro, es un hombre de edad avanzada. Y le reveló además que tiene problemas de salud. Que por esa razón, y no por otra, le pedía que le permitiera cumplir con su detención en la casa de Cuyaya. Y que ella ponía a disposición de Gendarmería la entrada de vehículos de su casa, para que no hubiera problemas en el barrio. “Si le pasa algo a mi esposo estando lejos de la ciudad, puede sufrir mucho. O puede morirse”, le dijo. El juez Pullen Llermanos no modificó su decisión.
“La hubieran mandado a la casa de Cuyaya sin tanta vuelta, como ella pidió”, comentaba esta mañana uno de los tantos funcionarios que andan a las corridas para cumplir con lo mandado por el juez.
Todo el despliegue en torno al cumplimiento -tardío y parcial- de la resolución de la CIDH tiene un objetivo político adicional: demostrar que Milagro Sala es peligrosa. También, poner el acento en que la ONU y la CIDH, con sus resoluciones, no hicieron más que traerle problemas a los jujeños y, sobre todo, ponerlos en gastos.
Pero no solo los funcionarios están algo inquietos y fastidiados con la cuestión. Ya se empiezan a leer las quejas de lectores de diarios digitales contra Gerardo Morales, lectores que de ningún modo se manifiestan a favor de Milagro: “Basta de ocuparse de la india, señor gobernador”; “¿Quién va a pagar para que esa delincuente se de la gran vida en su mansión?”; “Es indignante que se monte semejante operativo para una chorra”; “¿Para cuándo la cárcel para todos los otros, o es la única que se robó todo?”