El oficialismo no logró dictamen para tratar el proyecto del Super RIGI en el recinto, luego de que los bloques aliados presentaran una nueva propuesta para proteger a las empresas nacionales.
Los bloques de la UCR y el PRO pidieron incorporar un artículo para cuando haya una diferencia del 15% de precios entre la oferta de una empresa nacional y otra extranjera se priorice a la firma de nuestro país.
La discusión del proyecto del Super RIGI sancionado por diputados se realizó en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión Nacional y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez.
Monteverde anunció que el dictamen con otros cambios propuestos por los aliados se pasaba a la firma, pero opositores como los macristas Goerling Lara y María Cristina Huala, el radical Maximiliano Abad y Carlos «Camau» Espínola decidieron no firmar el despacho. Por ese motivo, la Libertad Avanza no podrá definir cuándo se tratará en el recinto de sesiones hasta que no se destraba las diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ya había aceptado modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial y los minerales críticos.
«Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, dijo Bullrich.
En el inicio del debate, Monteverde presentó las modificaciones que serán incorporadas al proyecto que fueron acordadas con los bloques aliados. Sobre el plan de desarrollo de proveedores locales, explicó que «establece un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada al pago de proveedores vinculados al proyecto, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en cuanto a calidad y precio».
Señaló que «se incorpora un nuevo artículo 18, destinado a los proyectos de inversión de gran escala que sean electrointensivos. Estos deberán acreditar, como condición para su aprobación, la disponibilidad de capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento, generación propia y/o almacenamiento que contribuya a cubrir su demanda máxima sin afectar la seguridad ni la confiabilidad del sistema».
Monteverde informó que se incorpora como incumplimiento sancionable el incumplimiento total o parcial del compromiso de contratación de proveedores locales previsto en el plan de desarrollo correspondiente, cuando el Vehículo de Proyecto Único (VPU) no pueda acreditar que la oferta local no se encontraba disponible o no resultaba compatible con las condiciones de mercado.
NA