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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un informe que recoge un relevamiento normativo a nivel provincial y municipal sobre corrupción y trata de personas, realizado por las distintas jurisdicciones con el objetivo de detectar normativas locales que regulan estas materias y el grado de adecuación a estándares internacionales.
“Corrupción, género y trata de personas: análisis de las normativas locales” fue elaborado conjuntamente con las fiscalías de Investigaciones Administrativas (FIA) de Chaco, La Pampa y Río Negro, las oficinas Anticorrupción (OA) de Chubut y Jujuy y la Dirección de Transparencia de Rosario, dependencias integrantes del Foro Permanente de FIAs y OAs de Argentina.
El trabajo tiene como meta identificar mecanismos para fortalecer las capacidades locales en el combate a la corrupción asociada a la trata de personas. También incluye buenas prácticas identificadas y formula sugerencias, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.
El informe se inscribe en las actividades que la PIA realiza en el marco del proyecto regional sobre corrupción y género que se desarrolla en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) con el apoyo de la agencia de cooperación EUROsociAL+.
Las recomendaciones que se expusieron en la Segunda Reunión Anual Ordinaria del Foro FIA y OA, del 10 de diciembre giran en torno a la institucionalización de mecanismos de articulación entre áreas anticorrupción y antitrata para la investigación de funcionarios públicos involucrados.
También sobre el desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización sobre corrupción facilitadora; la revisión de ordenanzas y leyes que regulan habilitaciones y actividades de riesgo de trata; y distintas estrategias para el fortalecimiento de la acción de los organismos anticorrupción en el combate a la corrupción facilitadora de la trata.
En agosto de 2020 la PIA había propuesto al Foro de FIAs y OAs integrar un grupo de trabajo a fin de replicar el proyecto que a nivel regional que se estaba realizando respecto de los contextos de corrupción asociada a la trata de personas.
De acuerdo a la recopilación que la PIA había realizado sobre la corrupción facilitadora de la trata en nuestro país, observó que uno de los puntos a trabajar era evaluar si las normativas de orden provincial y municipal que regulan actividades vinculadas a la trata se encontraban armonizadas con el marco normativo nacional e internacional
Así se busca evitar normativas locales que pudieran distorsionar el rol de agentes públicos de detección de casos y dificultar la atribución de responsabilidades de los funcionarios en las investigaciones de posibles conductas ilícitas asociadas a la trata.
Algunas conclusiones
Entre las principales conclusiones del trabajo se menciona la complejidad que implica el hecho de que «la corrupción asociada a la trata de personas es un fenómeno en el que impactan organismos administrativos y judiciales; del ámbito federal, provincial y municipal», por lo que el desafío es actuar de manera «coordinada entre los distintos niveles y poderes del estado».
En este sentido, el informe destaca la importancia de que las jurisdicciones cuenten con «un marco jurídico coherente con la legislación nacional», y advierte que «se verificó cierto déficit» en la articulación entre las áreas de corrupción y trata provinciales.
Sobre las razones de ese déficit, menciona una «ausencia de mirada sobre el rol que cumplen los funcionarios públicos en el sostenimiento de redes de trata», además de «poco conocimiento del fenómeno en sí».
«Tanto a nivel nacional como en las provincias, los datos producidos sobre casos de trata y explotación no muestran la modalidad de participación de funcionarios públicos», afirma, y agrega que «en igual sentido, hay pocas instancias de sensibilización y capacitación en la temática específica de corrupción asociada a la trata».
Más adelante plantea la necesidad de articular «la investigación administrativa con la penal, potenciando el control y sanción
de funcionarios en estos casos, así como fortalecer canales de denuncia en casos de corrupción vinculada a trata de personas».
«Al respecto -continúa-, resulta imprescindible la articulación con el nivel municipal, por la centralidad en relación a regulación de actividades de riesgo y posibilidades de detección en casos de trata y explotación y teniendo en cuenta que cada provincia tiene su propia organización de municipios con distintos grados de autonomía para el control de sus funcionarios (en general es muy acotado el rol de las FIA y OA hacia ese nivel)».
