Tras más de diez años de trámite, este miércoles 11 comienza el juicio oral contra dos integrantes del grupo propietario del Ingenio La Fronterita. Se los juzga por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1979 contra más de 60 trabajadores de la planta.
Jorge Alberto Figueroa Minetti, administrador de la empresa al momento de los hechos, y Eduardo Butori, integrante del directorio, llegan a esta instancia como los únicos dos imputados de los seis empresarios que fueron acusados inicialmente.
En las instalaciones de ese ingenio azucarero, fundado por la familia Minetti y ubicado cerca de la localidad de Famaillá, funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron decenas de trabajadores, señalados por sus actividades políticas y sindicales.
Se trata del primer juicio en Tucumán que aborda la complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad. La acusación es por privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones; aplicación agravada de torturas; violación de domicilio, y desaparición forzada, entre otros crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y tortura que se instaló en el predio del ingenio.
Entre las víctimas se contabilizan al menos 68 personas que trabajaban en La Fronterita o vivían en sus colonias.
Impunidad biológica
El proceso judicial estuvo marcado por idas y vueltas que favorecieron la “impunidad biológica” o el “punto final biológico”, como denuncian familiares y organismos de derechos humanos. En el lapso de una década, tres de los imputados fallecieron y uno fue apartado por razones de salud.
La causa había sido elevada a juicio en diciembre de 2021 con los procesamientos de Figueroa Minetti y Buroti, además de Fernando Cornú De Olmos y Alfredo José Martínez Minetti, también integrantes del directorio del grupo empresario José Minetti y Cía.
Cornú Olmos fue desvinculado porque no está en condiciones físicas y mentales de seguir el proceso. Y Martínez Minetti falleció en 2024. En consecuencia, quedan dos imputados con vida, que tienen más de 80 años y deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Para los querellantes, la causa de La Fronterita se asemeja con lo que ocurrió con el magnate Carlos Blaquier, propietario del Ingenio azucarero de Ledesma, en Jujuy. Este empresario murió a los 96 años sin rendir cuentas por su responsabilidad con los secuestros y desapariciones de trabajadores que se perpetraron en la denominada “Noche del Apagón”.
Participación civil
El del grupo Minetti es un caso testigo del rol que jugaron empresarios durante el despliegue represivo en la provincia de Tucumán.
Lanzado el Operativo Independencia en febrero de 1975, las fuerzas de tareas “Rayo” se instalaron en el Ingenio La Fronterita, mientras que en los conventillos cercanos a la Laguna del Ingenio funcionaron centros clandestinos de detención.
Así lo dejó asentado en Diario de Campaña el propio Acdel Vilas, comandante de la V Brigada de Infantería.
Los empresarios azucareros pusieron sus recursos a favor del Ejército y las fuerzas represivas con el interés, en primer lugar, de barrer con la poderosa organización sindical para disciplinar a la masa obrera e imponer sus planes.
Los Minetti apuntaron a descabezar el activismo fabril y la comisión directiva del sindicato del ingenio, que había sido recuperada por sectores combativos y tuvo un rol destacado en la huelga general de la Fotia en 1974.
Según la investigación «Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad», en tan solo tres años, la empresa redujo su planta de trabajadores en un 35% para el año 1978, llegando a un 62% para 1983.
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