Tucumán: la Justicia investiga a médicos por haber demorado la realización de un aborto legal

Por Mariana Carbajal, en Página|12. Por primera vez en Tucumán, la Justicia investiga a tres médicos y a la directora de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, la más importante de la provincia, por demorar la realización de un aborto legal solicitado por una mujer con una gestación de un feto anencefálico.

Los cuatro profesionales de la salud, que pretendieron convencerla de que llegue a término con el embarazo, aunque se sabía desde la semana 15 de gestación que el bebé no tendría sobrevida al nacer, fueron citados y declararon ante la Fiscalía de Instrucción Penal II Nominación, imputados de los delitos de “adulteración de instrumento público –en relación a la historia clínica–; “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “violencia psicológica contra la libertad reproductiva e institucional”, por el retardo en la prestación médica de la interrupción legal de embarazo.

“Quiero que las instituciones de salud pública se capaciten y sepan que la práctica del aborto en casos como el mío es legal y que tienen que dar una respuesta rápida y no hacer padecer a las mujeres que ya están sufriendo por lo que nos pasa”, dijo a Página|12 Nely, la joven, de 32 años, que denunció ante el 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación los obstáculos ilegales que le pusieron y tuvo que recurrir a una abogada, para lograr que finalmente se efectivice la práctica, cinco semanas después de haberla pedido.

“Los médicos no pueden decidir por nosotras o por lo que ellos moralmente opinan. Deben cumplir con la ley porque están para brindar un servicio público”, agregó Nely al ser consultada por este diario. La mujer es ama de casa y vive en la ciudad Banda del Río Sali, ubicada en el Gran San Miguel de Tucumán. Por las trabas que le impusieron, hizo la denuncia en la Justicia, con el acompañamiento de la abogada Soledad Deza, la misma que representó a Belén, la muchacha presa casi tres años y condenada arbitrariamente a 8 años de cárcel, por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”, tras sufrir un aborto espontáneo en otro hospital de Tucumán. Belén finalmente fue liberada y absuelta por la corte tucumana.

Los médicos de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, de la capital tucumana, que están siendo investigados por la Justicia y tuvieron que declarar el 25 de octubre son: Norma Mortarotti, quien atendió primero a Nely y le respondió, cuando cursaba quince semanas de gestación, que debía esperar a la semana 36 para que le hicieran una cesárea; Alvaro Marangoni, médico de alta complejidad fetal, quien también le sugirió seguir adelante en vez de interrumpir la gestación porque luego “se lo iba a agradecer”; Miguel Romano, que fue quien finalmente le aseguró la práctica, pero la atemorizó con pronósticos aterradores, y Elena Hurtado, directora de la Maternidad por ser quien está a cargo.

Nely prefiere que no dar su apellido. Alrededor del 15 de enero de 2016 supo por una ecógrafa de un centro privado que “el bebé venía mal”. Estaba entonces de 15 semanas de gestación. La ecógrafa la derivó a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes para que la atendiera un obstetra de embarazos de riesgo. Esperaban con su marido, albañil, su segundo hijo. Pero la médica Mortarotti le recomendó que llegara hasta la semana 36 de embarazo para que recién en ese momento le practicaran una cesárea, aunque le confirmó que como el feto tenía anencefalia “iba a nacer pero no iba a vivir”. “Pero ni yo ni mi marido queremos eso”, le dijo Nely. No fue suficiente.

Nely entonces hizo el pedido del aborto legal a través de la mesa de entradas de la Maternidad alrededor del 22 de enero, con el asesoramiento de la psicóloga del mismo hospital con la que se atendía. “Me dijeron que la directora estaba de vacaciones, que llame en tres días que iba a tener una respuesta y llamé a principios de febrero y me informan que la junta médica no aceptaba hacer la práctica”, recordó. Con el acompañamiento letrado de Deza, logran que la reciba la directora de la Maternidad, que le dice que por su domicilio le correspondía el Hospital Eva Perón, de Banda de Sali. Nely fue, pero le dicen que el aborto era legal pero que tenía que tener una orden de un juez, algo que no está previsto en la ley. También la atiende la directora que le dice que no se haga el aborto, que “aunque el bebe tuviera un problema no tenía que matarlo y que ella misma tenía un enfermedad terminal y no por eso se iba a matar, que correspondía que siguiera con el embarazo”, recordó Nely.

Así las cosas, decidió volver a la Maternidad de la capital donde la atendió el médico Romano. “Nos dijo, a mí y a mi marido, que me podía hacer el aborto pero que era una práctica muy riesgosa, que me podía estallar el útero y que no iba a poder tener más hijos y que si lo hacíamos con pastillas, podía no funcionar. Me dijo que lo mejor era que lleguemos a la semana 36 de gestación”, contó Nely a este diario. La mujer detalló las trabas que le impusieron los distintos profesionales que la atendieron cuando ratificó su denuncia en la Justicia, el 26 de agosto de 2016. Ya entonces estaba embarazada nuevamente, del bebé que ahora tiene 8 meses. Aquellos espantosos pronósticos que le hacía el médico para persuadirla de hacerse el aborto que la ley le garantiza, obviamente no eran reales. El 12 de febrero de 2016, casi un mes después de la primera consulta, la atendió otro médico, Marangoni: “Nos dice casi lo mismo que el doctor Romano, que uno no elige como traer un hijo al mundo y que hay que traerlo como venga”.

Nely hizo la denuncia en el 0800-222-3444, la línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, y continuó exigiendo la práctica junto a la abogada Deza. Ante la insistencia, logró la interrupción legal del embarazo. “Es muy auspicioso para la vida de las mujeres que el Poder Judicial investigue este tipo de incumplimientos de parte de funcionarios, que suelen estar tan naturalizados que a veces se pierde de vista que es una obligación garantizar una interrupción legal de embarazo (ILE) para quien cursa una gestación producto de una violación, o que pone en riesgo su salud o su vida, o como en este caso, el feto es anencefálico”, señaló a Página|12 la abogada Deza. Aunque el llamado a declarar a los médicos llegó más de un año después de presentada la denuncia, “de todas formas es una muestra de que la Justicia se está comprometiendo con la garantía de los derechos de las mujeres y sobre todo con la erradicación de todas las violencias que giran en torno a una ILE”, agregó.