Últimos tramos del quinto juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en San Pedro de Jujuy

Se desarrolló este lunes una nueva audiencia del quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico militar. Fue una jornada extensa, en la que declararon siete testigos, en su mayoría personal policial que en ese tiempo cumplía funciones en la comisaría 9 de San Pedro de Jujuy. También dio su testimonio un profesor que era vecino de la Seccional, quien describió los movimientos de los grupos de tareas que actuaban en esos días.

“Pudimos seguir conociendo cómo funcionaba la inteligencia en esos tiempos, cómo las Fuerzas Armadas tuvieron injerencia directa en la policía y en la estructura de funcionamiento de la Comisaría 9”, señaló María José Castillo, quien actúa como abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En este proceso se ventila la llamada causa Morales, que investiga la detención ilegal de cinco víctimas ocurridas entre 1976 y 1977 en la ciudad de San Pedro. Uno de los secuestrados permanece como desaparecido. Los acusados son seis expolicías provinciales que actuaban en esa ciudad. Están procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, con distintos grados de participación. Uno de ellos además carga con una imputación por homicidio.

Estos son los últimos tramos de este juicio. El paso que sigue está previsto para el jueves 12 a las 19 horas, cuando se realizará una inspección ocular en la heladería Pingüino de San Pedro, que es donde fueron vistas varias de las víctimas antes de ser secuestradas. Luego habrá una audiencia más con testimoniales y todo indica que se pasaría a la etapa de alegatos.

En esta adiencia dio su testimonio el abogado Argentino Juárez, quien en la época en que ocurrieron los hechos compartía un estudio jurídico con el doctor Moisés y que después fue juez de San Pedro por mucho tiempo. Declaró por haber conocido a una de las víctimas, Víctor Segura, que está desaparecido.

Juárez contó que al desaparecer Segura, fue a la Comisaría 9 a preguntar por él, en su función de abogado. En rigor, en la audiencia de este lunes dijo que no recordaba casi nada del episodio, pero en la etapa de instrucción había declarado que le dijeron que “la cosa estaba pesada” y que no se acercara a preguntar por nadie, por ningún detenido, refirió Castillo.

Otro testigo, Humberto Medina, vecino de la zona, relató al tribunal cómo funcionaba el grupo de tareas y quiénes estaban a cargo. “Las fuerzas usaron grupos de tareas que pertenecían a distintas jurisdicciones, y en este caso el testigo habló de la Comisaría 9, que estaba comandada por Enrique Morales, y nombró a varios de los imputados como pertenecientes a ese grupo de tareas. Porque en el 76 se sabía quiénes integraban las fuerzas represivas de San Pedro”, detalló la abogada.

Medina vivía enfrente de la Comisaría y era hijo del dueño de un local al que fueron varias de las víctimas en este juicio, a hacer una gestión comercial, y terminaron detenidas. “Él veía los movimientos en torno de la Seccional y contó que ese local sufrió varios allanamientos”, refirió Castillo.

Valenzuela, una de las personas secuestradas, que luego fue liberado, y su padre, militaban en el peronismo local y por eso era perseguidos. “Incluso este testigo contó que lo detuvieron en San Pedro, que le pusieron una capucha y lo trasladaron a la central de Policía, donde lo recibió Jaig, y que luego lo pusieron a disposición del teniente Vargas, que era el interventor del penal de Villa Gorriti”, relató Castillo, y agregó: “Estas son cuestiones que tendrán que investigarse y corroborarse, pero que nos llevan a una dimensión de cómo funcionaba el terrorismo en San Pedro”.

Los expolicías que declararon este lunes, en general, dijeron no recordar bien quiénes formaban parte de los grupos de tareas. En otros casos, mencionaron a personas que ya están fallecidas. Para Castillo, “a esta altura entendemos que no les falta memoria sino que hay complicidad”.

“A los que ya murieron no se los puede juzgar, y en el caso de los que están vivos y sabemos que formaron parte de esos grupos, la memoria de los policías testigos escasea o dicen que no escuchan”, describió.

Sin embargo, la abogada destaca que a través de este proceso “hemos podido reconstruir mucho más de cómo funcionaba en aquellos años esa comisaría tenebrosa, y también en la actualidad, porque sabemos que no dejaron de ocurrir actos de tortura”, remarcó.

Los hechos

La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.

Fueron tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.

Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años;  Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.

En relación con el hecho del que fueron víctimas estos tres jóvenes, hay otra causa abierta por la violación de Garnica y Valenzuela.

En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.

En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además que por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.

En el caso de Valenzuela, el tercer detenido en este episodio, fue trasladado a una caballeriza donde recibió torturas con picana.

El comisario Arturo Rubén Morales era el jefe de la Seccional 9 y, de acuerdo a los testimonios, quien comandaba al grupo.

Los procesados

Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.

Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.

Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.