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Un año de aborto legal: Lo alcanzado y lo que falta

Este 30 de diciembre se cumple un año de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto legal. Una conquista que coronó una lucha de décadas, atravesada por pequeños avances, grandes retrocesos y algunas frustraciones. Quienes han militado el derecho a decidir de las personas gestantes –y aún lo hacen–, repiten que la aprobación de la ley 27.610 fue apenas una posta de un camino; punto de llegada, sí, pero también de partida hacia otras militancias.

La semana pasada, las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, convocaron a un grupo de periodistas para hacer un balance del primer año de la ley IVE. En el encuentro, además, brindaron información oficial sobre la aplicación de la norma.

Algunos datos

La cantidad de interrupciones es un dato que no es posible contrastar con cifras anteriores, por la situación de clandestinidad con que se realizaban las prácticas antes de la aprobación de la ley. Sobre este punto, Gómez Alcorta remarcó que «tenemos ahora una base que nos va a permitir saber el año que viene si hubo más o menos respecto a este año».

Hasta diciembre de 2020, 903 hospitales y centros de salud en todo el país ofrecían tratamiento y acompañamiento para la interrupción legal del embarazo (ILE).

Un año después, son 1243 los que brindan tanto acceso a ILE (con causales) como a IVE (sin causales, hasta la semana 14).

El 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación recibió 19 mil consultas sobre interrupción de embarazos entre enero y noviembre de 2021, cuando en los diez años previos la línea respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.

Diagnóstico

“Por distintas razones, muchas de ellas vinculadas a la crisis sanitaria, la conquista del aborto legal pasó más desapercibida de lo que nos gustaría por la implicancia que tiene, por eso en este primer aniversario sentimos que tenemos que ponerla en valor”, explicó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

Las funcionarias destacaron que se trata de una de las mejores leyes de aborto que hay, comparadas con las que se dictaron hace ya décadas en Europa, en términos de “solidez, consensos alcanzados, integralidad, multidisciplinariedad, y mirada federal».

“Lo que ayudó muchísimo», señaló Ibarra, fue la sanción conjunta de la ley de 1000 Días, que fue una idea del presidente Alberto Fernández. La funcionaria contó que el mandatario le dijo: «Tenemos que demostrar que el Estado está presente respetando la decisión de las mujeres, cualquiera sea ella”.

Vizzotti recordó que el objetivo es “disminuir la mortalidad materna”, que es el otro gran indicador a monitorear y del cual aún no hay datos oficiales actualizados.

“Lo que hay que trabajar fuerte el año que viene es en información para las usuarias y capacitación para el personal de salud, ampliar los centros de acceso, combatir el estigma, ir identificando las barreras y trabajar estratégicamente en eso», resumió la titular de Salud.

Y enfatizó que «también hay que aumentar u optimizar la oportunidad del diagnóstico del embarazo en el nivel primario, porque cuando antes se identifique el embarazo, mucho más rápido y con menos riesgos se procede en cualquiera de las dos situaciones cuando está la decisión de interrumpirlo o de proseguirlo con el inicio de controles e ingreso al sistema de salud”, concluyó.

Para Gómez Alcorta, en general, el diagnóstico sobre la implementación de la ley es bueno, a pesar de los objetores, obstaculizadores y quienes intentan frenarla por la vía judicial aduciendo inconstitucionalidad, también las demandas que impuso la pandemia y la avanzada conservadora. “Con dificultades y diferencias logramos que en todas las provincias del país se pueda acceder a la IVE, aunque claramente no es lo mismo la ciudad o la provincia de Buenos Aires que Corrientes o San Juan, a pesar de las 35 acciones judiciales que intentaron voltear la ley”, resaltó Gómez Alcorta.

Respecto a esto último, Ibarra detalló que dos de esas acciones llegaron a la Corte Suprema, que “en algún momento va a tener que opinar, porque es la instancia última de interpretación de la Constitución”.

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