Por Artistas, Docentes e Investigadores del Norte. Ha pasado un año calendario de la detención ilegal, arbitraria e injusta de la dirigente social Milagro Sala. Y si hay algo que sintetiza lo vivido por miles de jujeños, es la pérdida del estado de derecho y el temor por lo que vendrá.
Las grotescas, miserables y canallescas estrategias llevadas a cabo por el gobierno de Jujuy, encabezado por Gerardo Morales, para perseguir y encarcelar opositores han despertado una alarma institucional y democrática en niveles internacionales, y el temor a retroceder hacia las prácticas del terrorismo de estado de hace cuatro décadas.
Por segunda vez, artistas, docentes e investigadores independientes del Noroeste argentino, nos expresamos con honda preocupación por lo que ha sucedido en estos doce meses en Jujuy.
Ya no nos convoca la evaluación de si Milagro Sala fue o no corrupta ni violenta en sus actos como dirigente. Ya no nos confunden los ignominiosos e infames titulares mediáticos. Ya no nos asusta la persecución ni el escarnio masivo de un dedo acusador y cobardemente “apolítico”.
Como parte inseparable de la sociedad, nos hacemos cargo que ante la gravedad de los hechos, necesitamos manifestarnos como sujetos políticos ante el sufrimiento de miles de jujeños sin trabajo y otros encarcelados por la clara y comprobada connivencia del Poder Ejecutivo y Judicial. Esa misma estrategia conjunta que también denunciamos y reconocemos en el histórico y nefasto bipartidismo que cogobernó la provincia por décadas.
Estamos convencidos que si esta administración de Gerardo Morales estaría realmente decidida a encarcelar a quiénes usaron y abusaron de fondos públicos para enriquecerse, la lista la debería encabezar muchos otros políticos y dirigentes de ese bipartidismo gobernante anterior a Milagro Sala y que hoy no sólo gozan de libertad sino que varios de ellos, son funcionarios, empresarios y periodistas.
La violencia que decían en campaña que querían desterrar, ahora es monopolizada por los aparatos represivos de las fuerzas de seguridad estatales, respaldadas y dirigidas por los poderes ejecutivo y judicial.
Que un policía asfixie a una ciudadana –que en este caso es diputada nacional- sin ninguna consecuencia para ese “exceso”, que un joven jujeño aparezca “suicidado” en el penal después de ser torturado, que a una vendedora ambulante se le vaya la vida defendiendo su puesto de trabajo; es una siniestra muestra de que Gerardo Morales propuso eso de “paz, unión y trabajo” sólo como slogan de campaña y no queremos que eso quede impune.
El país ha visto en directo dos puestas en escena, llamados juicios, para por fin obtener una condena para Milagro Sala. Jueces autoritarios y parciales, testigos comprobadamente “pagados” para inculpar a los acusados, han formado parte de un escándalo jurídico que no tiene antecedentes. Con mucha más razón nos avergüenzan estos seudos procesos judiciales porque además fueron los que obstaculizaron la continuidad del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, que está en las últimas instancias y busca conocer la verdad sobre la desaparición de dirigentes y trabajadores jujeños de la quebrada.
Se cumplen 12 meses de violentos allanamientos, torturas en las cárceles y detenciones arbitrarias de muchos jujeños y jujeñas. Y se cumplieron también 13 meses de mentiras, desatinos e ineptitudes en un gobierno que nos está dejando en un peligroso abismo institucional, sembrando miedo, desocupación y hambre. Los trabajadores azucareros y mineros, los inundados de Tilcara y ahora los de Volcán y Tumbaya son principalmente los que sufren de ese estado ausente y mucho más proclive a la selfie que a la solución real de los problemas de la gente.
En una sociedad donde nos conocemos casi todos y nos estamos reconociendo aún más, nos asombra e indigna al mismo tiempo, el silencio –que pasó de indiferente a cómplice- de la iglesia y de otros artistas ante lo que aquí denunciamos. Por eso no queremos que este injusto y vil statu quo que las élites gobernantes quieren mantener, se naturalice.
Promover la delación y la compra de voluntades, la traición como mercancía, el apriete y los apremios y el despertar de la xenofobia y el racismo, fue una constante política de esta administración. Pero si algo nos termina de confirmar el oscuro revanchismo y perverso odio que movilizan las acciones de Morales y su gente, es la permanente agitación a destruir y usurpar las obras de la Tupac Amaru.
Que el centro cultural que la organización construyó a metros del parque acuático sea próximamente convertido en una unidad judicial o comisaría, es todo un símbolo de la siniestra intención que tiene Gerardo Morales para desaparecer a la Tupac y será un impulso para que artistas y docentes del NOA nos movilicemos a trabajar para que eso no suceda.