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Para evitar una catástrofe área un fiscal presentó ayer una cautelar para que la aerolínea Flybondi cese de inmediato sus operaciones hasta que las autoridades competentes realicen una evaluación de la seguridad que ofrece la compañía. Se trata del fiscal Franco Picardi quien, sobre la base de una investigación de oficio realizada por su par Jorge Di Lello, pidió también que se clausuren preventivamente las instalaciones del precario aeropuerto de El Palomar.
En menos de un semestre de vida la aerolínea low cost que conduce actualmente Julián Cook acumula una seguidilla de incidentes que se coronó este fin de semana con un “accidente”, según la definición que utilizó la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac), en el que una unidad de la empresa impactó su fuselaje y la cola contra la pista del aeropuerto de Iguazú.
La causa fue elevada al Juzgado Federal de Sergio Torres, pero por la feria judicial recayó en manos de Claudio Bonadio, quien inmediatamente se declaró incompetente para expedirse sobre la cautelar. Desde la compañía aseguraron a este diario que se enteraron por los medios de comunicación y que ayer había retomado su operatoria luego de que por las lluvias debiera cancelar todos sus vuelos desde el martes.
La compañía creada por Richard Gluzman, viejo socio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, arribó al mercado argentino con una estrategia extra ‘low cost’. Comenzó este año sus operaciones con tres unidades con hasta dos décadas de servicio, tal como había detallado Página|12, lo que explica en buena medida los dolores de cabeza que les está aparejando en su medio año de vida. Para resumir el inicio problemático de Flybondi basta con recordar las fallas técnicas que tuvo desde su vuelo inaugural y la imposibilidad de mantener cierta regularidad en su servicio por culpa de desperfectos de sus aviones. Pero la compañía mantiene la exigencia de bajar todavía más los precios, lo que implica mayor recorte de costos para equilibrar las cuentas. El Ministerio de Transporte accedió al pedido y eliminó los precios sostén.
El fiscal Di Lello siguió de cerca el derrotero de Flybondi y encaró una investigación para determinar si hay riesgo para los pasajeros. El domingo fue la coronación. En un vuelo de Puerto Iguazú a El Palomar, el avión debió volver a plataforma luego de que durante un despegue dañara parte del fuselaje y cola del avión. Desde el gremio denuncian que eso tuvo que ver con el exceso de equipaje cargado sobre la cola del avión, lo que tornó difícil de controlar el despegue. Desde Jiaac iniciaron el análisis de lo que determinaron fue “un accidente”, aunque desde la empresa insistan en que fue una falla técnica menor.
Tras este último episodio, el fiscal Picardi pidió el “cese de todos los vuelos” de la compañía hasta tanto no se evalúe si está en condiciones de garantizar la seguridad de los pasajeros. También solicitó la clausura del aeropuerto de El Palomar, el cual reinició ayer sus operaciones tras casi 48 horas de inactividad por no poder asegurar la operatividad de las pista con lluvia. Según confirmaron voceros de Flybondi a PáginaI12, 105 de los 170 pasajeros que no pudieron ser transportados por vía aérea aceptaron hacerlo por tierra. El resto se reubicó en otras aerolíneas.
La causa investiga la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. Allí Picardi hizo hincapié en los últimos incidentes sufridos por la compañía, principalmente en lo ocurrido el domingo en Misiones, y presentó su dictamen en el juzgado federal de Sergio Torres. El magistrado está de licencia por la feria judicial y es reemplazado por su par Bonadio, quien se declaró incompetente para resolver el caso y lo derivó a la justicia civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, a cargo de Martina Forns. La jueza Forns es quien había otorgado la primera habilitación para que se operara desde El Palomar. “Ha registrado irregularidades en cuanto a su funcionamiento y el mantenimiento de las aeronaves que utiliza”, asegura el escrito de Piccardi, quien reemplaza a Di Lello, a cargo de la causa.
“Es inminente una solución drástica a esta situación riesgosa. Alguno de todos los jueces que tienen participación en las causas tiene que tomar una medida”, sostuvo Lucas Marisi, uno de los demandantes y abogado de los vecinos que rechazan el aeropuerto instalado sobre la base aérea militar de El Palomar. El letrado recordó que también está bajo la mira la nulidad, falsedad y adulteración de los estudios de impacto ambiental realizados por Flybondi, Aeropuertos Argentina 2000 y el Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich para avalar los vuelos comerciales de las low cost desde El Palomar.
