El gobernador Gerardo Morales fue denunciado ante la justicia federal por el delito de amenazas. La presentación la realizó Nicolás Snopek, fiscal abogado del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien recibió un llamado intimidatorio de parte de Morales luego de haber pedido que la Oficina Anticorrupción (OA) investigara un supuesto contrato del Estado provincial con un laboratorio privado, propiedad de los diputados provinciales Rubén Rivarola y Liliana Fellner.
Los hechos se remiten al momento en que Snopek, junto a la fiscal general adjunta, Flavia Hubeid, le pidió a la OA que determinara si existía incompatibilidad en la contrataciones de test PCR para la detección del covid-19. «Como fiscal letrado de Vocalía del Tribunal de Cuentas, mi función es representar los intereses de la sociedad respecto de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y con el manejo de la hacienda pública», explicó Snopek en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
En su denuncia, Snopek relata que recibió un llamado telefónico del gobernador Morales, quien le endilgó haber formulado una denuncia penal en contra suya, de Rivarola y de Fellner, y lo insultó.
«No sé cuál era la información que él manejaba, porque hablaba de una denuncia penal cuando en realidad no había más que una intervención de rutina de la Oficina Anticorrupción ante un requerimiento nuestro», aclaró el funcionario.
Snopek le pide a la justicia federal que designe un perito informático para comprobar la veracidad del audio y video que entregó. Además, propone como testigos a los diputados provinciales Liliana Fellner y Rubén Rivarola, como así también al vicegobernador Carlos Haquim.
Recurrió a la justicia federal porque «entiendo que todo lo que tiene que ver con la pandemia, en base al decreto del Poder Ejecutivo Nacional es de competencia federal», y porque los fondos para enfrentar la pandemia eran de origen nacional.
Adelantó que se reserva la posibilidad de recurrir ante la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
-¿La denuncia contra el gobernador es por los PCR o por la amenaza?
-Hay una relación causal directa, porque en base a mi actuación como fiscal dentro del marco de mi competencia, es que recibo el llamado del gobernador. Obviamente la amenaza es un delito que se configura cuando alguien intenta amedrentar a otra persona para que haga o no haga algo.
-¿En qué consistió la amenaza?
-Lo que hay ahí es directamente un llamado telefónico que yo recibo para amedrentarme para que yo no actúe.
-¿Lo insultó? ¿Lo amenazó con echarlo de su cargo?
-Yo he presentado en la Fiscalía una grabación en un pen drive donde están las manifestaciones que me formula el señor gobernador. Es un llamado intimidante donde me acusa de muchas cosas, siendo que yo lo único que hice fue cumplir estrictamente lo que dice la ley, sin apartarme de ninguna disposición legal que no haya estado en el marco de mis atribuciones.
-¿Cuándo fue el llamado?
-El 15 de septiembre iniciamos las actuaciones y el llamado del gobernador debe haber sido a los 20 días más o menos.
-¿Por qué hace ahora la denuncia?
-Yo estaba esperando la contestación de la Oficina Anticorrupción, que llegó mucho después, a fines de octubre o principios de noviembre. En diciembre hubo mucho trabajo acá porque se habían liberado las actividades por la pandemia. En enero fue la feria judicial, a la que el Tribunal de Cuentas adhiere, y después había un proceso electoral en curso y yo entendía que se podía tomar como una cuestión política. Entonces decidí no tomar ninguna medida, hasta ahora.
-Usted trabajó junto al vicegobernador Carlos Haquim en la Legislatura, cuando fue secretario parlamentario. ¿Cree que este episodio puede estar relacionado con eso?
-Yo no puedo hacer una apreciación política, ni corresponde que la haga. Solamente me limito a hacer mi trabajo. Yo represento los intereses de la sociedad en lo que es la rendición de fondos públicos. Con el vicegobernador tuve una relación estrictamente laboral, incluso de amistad. Pero yo no puedo hacer ninguna consideración política.
-¿Cómo sigue ahora el trámite?
-En estos días voy a ampliar la denuncia.
-¿Podrían citar al gobernador a declarar?
-No sé, eso depende de las medidas que adopte la fiscalía. Yo lo que solicito es que realice las investigaciones que ellos consideren pertinentes.