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Cada año más de 40.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres en la Argentina. De ellas, una cifra superior a mil no alcanza siquiera los 15 años de edad, es decir que cada día 3 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, la mayoría producto de abuso sexual.
A estos datos, Amnistía Internacional Argentina (AIA) alerta en un comunicado que se hizo público en las últimas horas, afirma que por primera vez en 37 años, las políticas para atención y prevención de la violencia de género dejaron de tener institucionalidad en la Argentina, mientras se comete 1 femicidio cada 32 horas, y en momentos en que 7 mil víctimas de violencia de género se encuentran en situación de alto riesgo, “sin respuesta y a la espera de recibir la prestación financiera del Programa Acompañar”.
La entidad advirtió en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas hagan un llamado al Estado argentino para que informe sobre las políticas públicas que deben cumplir sus obligaciones internacionales en materia prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, y acceso a derechos sexuales y reproductivos.
Con el objetivo de brindar datos y argumentos, Amnistía Internacional publicó una “Hoja informativa – El embarazo no intencional en la adolescencia – Apuntes sobre los resultados positivos del Plan ENIA”. Asimismo, la organización envió aportes a legisladores nacionales.
“El embarazo no intencional en la adolescencia y la maternidad temprana constituyen un serio problema social y de derechos humanos, que contribuye a la interrupción de trayectorias escolares y repercute en inserciones precarias en el mercado de trabajo. Asimismo, trae aparejados riesgos para la salud. Solo 4 de cada 10 de las adolescentes que tienen un hijo tempranamente logran completar la educación secundaria, lo que pone en evidencia la urgencia de atender este tema. El Estado tiene la obligación de: asegurar que las y los jóvenes cuenten con información, educación y acceso a la salud para que puedan decidir libremente su futuro”, indico Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
¿No hay plata?
El Plan de Prevención del Embarazo no intencional en la Adolescencia (ENIA) tenía un costo de 17,5 millones de dólares. Sin embargo, según un estudio de UNFPA, los efectos indeseados del embarazo adolescente y la maternidad temprana sobre la actividad productiva de las mujeres es de USD 568 millones. Esto significa que si el Estado invirtiera en prevenir los embarazos adolescentes los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PIB. Por ello, el fortalecimiento del plan ENIA es necesario para romper con el circulo intergeneracional de la pobreza.
En la guía producida por Amnistía internacional se publican cifras que derriban mitos sobre gastos del erario. Por ejemplo, USD 288 millones es la pérdida de ingresos para las mujeres y el consecuente costo que tiene para el Estado argentino el abandono educativo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana. Además, el Estado destina USD 200 millones en atender el embarazo, parto, postparto y los recién nacidos de madres adolescentes.
Esos son algunos ejemplos del alto impacto económico que conlleva abandonar el Plan ENIA, iniciativa que ha demostrado ser un modelo para la región por sus resultados positivos. En 2017 las altas cifras de embarazo en niñas y adolescentes menores de 20 años duplicaban el escenario actual. Entre 2018 y 2021, el Plan contribuyó a la reducción de la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años en un 49%.
Sin embargo, en abril de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación anunció su rediseño y reestructuración. Sumado a ello, el presupuesto previsto para destinar en 2024 a la prevención de los embarazos en la adolescencia es el mismo que el de 2023. Ante una inflación interanual de más del 280%, esto representa una reducción presupuestaria de un 68%.
Argentina rindió examen ante el Comité de los Derechos del Niño
El 2 y 3 de septiembre, el Estado argentino rindió examen ante el Comité de los Derechos del Niño, en el marco de la presentación del 7mo informe periódico. El Estado fue interpelado por la caída del presupuesto asignado al plan ENIA en más del 50% y por el impacto del desfinanciamiento en las provincias.
