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La rebaja del presupuesto destinado a la infancia, uso de medidas represivas en niños, aumento de casos de niños utilizados para material de explotación sexual infantil, cierre del Ministerio de la Mujer, eliminación del Inadi, reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía.
La lista que contiene varios de lo que para el Gobierno nacional representa logros del plan de ajuste del presidente Javier Milei, es una serie de advertencias contenidas en un duro informe presentado hoy en Ginebra por Naciones Unidas sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina.
El documento fue publicado pocos días antes de que Javier Milei viaje a Estados Unidos para dar su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, una organización multilateral con la que el Presidente ha sido crítico en varias ocasiones y vinculado a lo que considera el “marxismo cultural”.
“El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos que se están proponiendo desde fines de 2023 – apunta el informe- y el impacto que estos pueden tener en la protección de los derechos de los niños, entre ellos:
- Reducción, fusión y abolición de Ministerios;
- Reemplazo de la SENAF (Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia) por un nuevo Subsecretario de menor jerarquía enfocado en las familias y la niñez”, señala el documento elaborado por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A lo largo de sus 17 páginas, el informe detalla con preocupación el avance de lo que Milei y su gobierno consideran logros y reclama que “deben adoptarse medidas urgentes” para revertirlas.
Es más, los únicos logros que destaca son los de la gestión anterior, como la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, la “Ley Mica Ortega” para promover el uso responsable de dispositivos con acceso a Internet o la ley de los 1.000 días para garantizar la salud de los niños hasta los tres años.
También resalta la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. “El Comité está seriamente preocupado por los proyectos de ley enviados por el Gobierno al Congreso que rebajarían la edad de responsabilidad penal a 13 años”, señala el documento mientras que en otra trama advierte por “las continuas detenciones en comisarías y las prácticas degradantes, los malos tratos y la violencia en el sistema de justicia juvenil”.
“El Comité insta al Estado parte a que ponga su sistema de justicia juvenil en plena conformidad con la Convención, en particular derogando la Ley 22278 y mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y se abstenga de reducirla”, agrega.
En otro tramo resalta que el Comité está “preocupado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y las reformas legislativas que promueven el cierre o la degradación de instituciones, reducen el alcance de las políticas públicas en materia de derechos del niño o promueven la derogación de normas que garantizan los derechos del niño, y recordando sus observaciones finales anteriores, el Comité insta al Estado parte a defender los más altos estándares de los derechos del niño, mediante reformas normativas progresivas, y poner fin a los retrocesos en materia de derechos del niño; adoptar una legislación marco de protección de la infancia en todas las provincias”.
El informe comienza destacando la falta de representantes del Gobierno argentino en la presentación: “El Comité lamenta la ausencia de una delegación del Estado parte que participara en el diálogo en persona, y considera que una reunión en línea no cumple con los estándares esperados”.
A contramano del plan de ajuste, el Comité de Naciones Unidas recomienda “que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y de los el impacto en los niños”.
También expresó su preocupación por “el hecho de que el contexto económico actual aumentará la vulnerabilidad de los niños en situación de calle”, y por esa razón recomienda al Estado que “teniendo en cuenta en particular el contexto económico actual, y formule políticas para protegerlos y apoyarlos a ellos y a sus familias”. Y pide que “adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad”.
Otro de los puntos es el aumento de los casos de violencia sexual contra niños: “Preocupados por los altos índices de violencia y abuso sexual durante la infancia y el cierre de la institución encargada de abordar la violencia y el abuso contra niños, el Comité recomienda que el Estado parte desarrolle una estrategia nacional para la prevención de diferentes tipos de violencia y que establezca una base de datos nacional sobre todos los casos de violencia doméstica contra niños, y realizar una evaluación exhaustiva del alcance, las causas y la naturaleza de tal violencia”.
