En la madrugada del pasado lunes una orden judicial propició la represión de la policía provincial a integrantes de la comunidad diaguita de “Las Pailas” en el departamento de Cachi, en Salta. Un manual para reflexionar y entender la situación de los campesinos hubiera sido útil.
El año pasado se lanzó un instructivo que analiza la situación sobre los derechos campesinos en varios lugares de Latinoamérica. Algunos de los puntos que toca son: el acceso a justicia, los derechos campesinos a partir de instrumentos internacionales, el derecho a la tierra y el territorio.
Fue elaborado por organizaciones no gubernamentales y está dirigido a jueces y juezas de América Latina para que lo usen como “fuente de información y reflexión cuando deban decidir casos relativos a conflictos jurídicos en los cuales se ven involucrados campesinos y campesinas”.
Allí se detallan dificultades comunes a los países latinoamericanos como el difícil acceso de los campesinos a la justicia porque “tienen que recorrer considerables distancias para conseguir asesoría legal, entablar demandas ante tribunales y atender todo el proceso”.
Esto genera costos que encarecen también el litigio. Además “la imposibilidad de ausentarse de las labores del campo, impiden en una gran mayoría de casos que los/as campesinos/as recurran a la justicia para reclamar sus derechos”.
En el manual destacan que “privilegios, rigideces e intereses hegemónicos manipulan y controlan muy especialmente al poder judicial”. Lo que genera una “impunidad rampante de los responsables de crímenes y/o violaciones a los derechos humanos de los/as campesinos/as”.
Propiedad comunitaria
En 2004, un empresario reclamó como propio un terreno de dos mil setecientas hectáreas en El Chaco, pueblo al noroeste de Córdoba. Allí viven más de 40 familias campesinas pertenecientes al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) de manera comunitaria. Las familias subsisten de la cría en pequeña escala de animales vacunos y caprinos pero el empresario empezó a exigirles un pago por permitir pastar a sus animales.
El caso llegó a la justicia cordobesa que en 2006 le dio la razón a las comunidades. En la civil provincial sostuvo que “no debían pagar por el pastoreo por tratarse de una posesión comunitaria vigente desde hace varias generaciones”. La justicia Penal, en donde habían sido denunciados varios campesinos por usurpación, condenó a seis meses de prisión a 7 campesinos. Pero esa sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que también absolvió a los campesinos.
“El título de dominio no acredita la posesión, que es lo que verdaderamente interesa en autos. Y a ello debe agregarse la situación que se presenta en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su mayoría personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”, decía aquella sentencia.