Un nuevo faltazo de Stornelli a la comisión de Juicio Político que retomó sus audiencias

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó esta tarde el debate sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, con una nueva ausencia del fiscal Carlos Stornelli, que había sido citado por segunda vez por este cuerpo parlamentario.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos) anunció que Stornelli «no ha comparecido» ante el cuerpo y reiteró que «si accedemos a enviarle las preguntas» como solicitó el fiscal «estaríamos violando el reglamento», al precisar que «sólo está exceptuado a declarar por escrito el presidente, vicepresidente y los gobernadores».

Al responder a los legisladores de Juntos por el Cambio, que insistieron con hacer lugar al pedido de Stornelli de declarar por escrito, Gaillard reiteró que no enviarán por escrito las preguntas al fiscal y dijo que «la finalidad de esta comisión es llevar adelante este proceso para esclarecer los hechos. No puedo apartarme del reglamento».

Asimismo, la diputada del FDT anunció que la comisión «le va a comunicar al Procurador (Eduardo) Casal, la ausencia de Stornelli y se solicitará que disponga las acciones sancionatorias correspondientes» y anticipó: «Vamos a dejar todas las cuestiones que sean motivo de debate para el final», en referencia a la situación del fiscal.

Fuentes parlamentarias no descartan que el oficialismo pueda impulsar al final de la reunión, como anticipó Gaillard, una denuncia contra Stornelli en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea traído por la fuerza pública.

Stornelli, requerido en calidad de testigo, envió en las últimas horas un oficio a la Procuración General de la Nación -interinamente a cargo de Eduardo Casal- en el que afirmó que se encuentra a la espera de que se le remita el pliego de preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria y afirmó que de haberlas recibido las hubiera contestado el mismo día.

Para sostener el nuevo faltazo, Stornelli se apoyó en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ministerio Público Fiscal, que eximen a los fiscales de la obligación de comparecer cuando son convocados como testigos por un tribunal.

La decisión de Stornelli abre una nueva polémica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -que respalda la posición del fiscal-, ya que desde el oficialismo se advirtió la semana pasada que si no se presenta impulsará un pedido de desafuero ante la Procuración General de la Nación para obligarlo a concurrir a exponer personalmente ante la comisión.

«Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública», aseguró Gaillard en la última reunión del cuerpo al referirse a la situación del fiscal, a quien le rechazó el planteo para declarar por escrito.

Sin la presencia del fiscal, la comisión continuará con los testimonios de nuevos invitados a exponer ante ese grupo de trabajo parlamentario, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Además de Stornelli fueron citados los abogados Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación), Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del Presidente de la Corte).

Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.

El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.

«Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar», sostiene el reglamento que se citó para formular esta convocatoria.