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Una comunidad de la puna aprobó un proyecto de explotación de litio de espaldas a las otras comunidades que integran la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. En tanto, la secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, Yolanda Cruz, fue denunciada penalmente por haber apoyado esa decisión, en contra de lo que indica la función de ese organismo, que es la defensa de los intereses del conjunto de las comunidades originarias de la provincia.
La petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró la aprobación de la comunidad de Rinconadillas para explorar la Laguna de Guayatayoc en busca de litio. Rinconadillas es una de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes, que está formada por 38 comunidades.
La abogada Alicia Chalabe relató en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) los hechos que motivaron la presentación de un amparo judicial y la denuncia contra la funcionaria Yolanda Cruz. «El presidente de la comunidad de Rinconadillas, Raúl Callata, convocó para el 21 de junio a una asamblea extraordinaria para tratar temas de la comunidad. El día anterior, por WhatsApp, convocaron a una reunión para recibir a la empresa Tecpetrol a las 15 horas para tratar tres proyectos mineros. Con una anticipación de 24 horas, es obviamente para que nadie se entere o se entere tarde. Se hizo la reunión, los recibieron. A la mañana se celebró la asamblea, terminó al mediodía y se aprobó autorizar el proyecto de exploración minera de la empresa Tecpetrol, por 40 a 20 votos», detalló.
Conocida la situación, las comunidades Tusaquillas y Santuario Tres Pozos informaron a través de comunicados que continúan «defendiendo el agua y el territorio”, que “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” que habían acordado las comunidades hace años.
La maniobra no solo provocó indignación en el resto de las comunidades de la Cuenca sino también en el seno de Rinconadillas, ya que muchos integrantes no pudieron participar de la reunión por haber sido convocada con poca anticipación.
Chalabe recordó además que ese mismo 21 de junio, que fue feriado, la mayoría de las comunidades se encontraban en Purmamarca celebrando el Inti Raymi y el Tercer Malón recordando las represiones del año pasado.
Apenas se conoció la aprobación de los proyectos de Tecpetrol, el resto de las comunidades de la cuenca, que viven muy cerca, sobre la Laguna de Guayatayoc, como Santuario de Tres Pozos y Alfarcito, hicieron una reunión para ver qué es lo que había pasado.
La abogada remarcó que existe en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un expediente iniciado a partir de una presentación de las comunidades de la zona, en el marco del cual Jujuy y Salta sellaron un acuerdo interprovincial de gestión de la cuenca hídrica de Salinas Grandes.
«Este acuerdo modifica todas las condiciones en las cuales se van a hacer las aprobaciones de los proyectos, porque se van a tratar como una gestión de cuenca. Según este acuerdo, tienen que crear un comité de cuenca y otras cuestiones, como la realización de otro tipo de evaluación de impacto ambiental», precisó.
En marzo pasado, el Legislativo de Salta aprobó la ley que refrenda ese acuerdo. En jujuy, ya ingresó a la Legislatura una nota del gobernador Carlos Sadir pidiendo que se le dé trámite. «Obviamente, esta aprobación individual está en contra de lo que firmó la provincia», advirtió Chalabe.
En tanto, se presentó una acción de amparo pidiendo información sobre los proyectos de Tecpetrol, a la que se le ha dado trámite. «Queremos averiguar por qué no fueron convocadas las otras comunidades colindantes y las que son superficiarias de la Cuenca», indicó la abogada.
Durante el último año, un grupo de petroleras que desarrollaron divisiones mineras para ingresar en el negocio internacional del litio comenzaron a resquebrajar la alianza de las comunidades. La primera fue Pluspetrol, que logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera y Aguas Calientes, se separaran del grupo y acordaran otorgarle a la petrolera la licencia social para operar en sus territorios. La segunda fue Pan American Energy en la comunidad de Lipán, como informó elDiarioAR en marzo último. El tercer caso es el de Tecpetrol.
Funcionaria denunciada
Por otro lado, la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, fue denunciada penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Chalabe precisó: «La semana pasada, la secretaria de Pueblos felicitó a esta comunidad en las redes sociales y a través de grupos de WhatsApp, diciento que habían dejado de ser rehenes de un grupo que trabaja en beneficio propio. Cuando se supone que ella representa a todas las comunidades de la Cuenca. Entonces queremos saber si va a representar sólo a las comunidades que aprueben el litio».
Yolanda Cruz
Para la abogada, en la postura de la funcionaria se evidencia una colisión de intereses. «La Secretaría de Pueblos es quien señala a través de oficios quiénes son las comunidades afectadas por un proyecto minero. Entonces juega un rol central en la designación de la superficie minera y de los proyectos mineros. Por eso hemos planteado la denuncia penal, porque si va a representar solo a las comunidades que aprueben el litio, nos tiene que decir qué intereses representa», señaló.
El trámite en la Corte
En 2019 las comunidades hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la explotación minera en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
En marzo pasado, a través de la medida cautelar, se ordenó a las provincias de Jujuy y Salta que envíen todos los proyectos mineros que tuvieran de litio en la cuenca. En el marco de ese expediente, las provincias de Jujuy y Salta presentaron voluntariamente un acuerdo interprovincial «porque la Corte estaba por decidir una medida cautelar de suspender todos los proyectos de litio en la zona», detalló Chalabe.
«Es un expediente tan gigantesco que han creado una unidad especial en la Corte para estudiar los expedientes que mandan los gobiernos de Jujuy y Salta», describió la abogada.
