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Por Irina Hauser, en Página/12. La Corte Suprema no es hoy la que el Gobierno imaginaba. No puede ejercer sobre ella el control que proyectaba cuando alentó el golpe interno para desplazar a Ricardo Lorenzetti de la presidencia. El poder de su sucesor, Carlos Rosenkrantz, es inestable. Lo demuestran los dos grandes hechos ocurridos ayer: la firma de un fallo contrario a la Anses, a favor del jubilado Lucio Orlando Blanco y otros 150.000 en su misma situación, donde Rosenkrantz quedó en minoría, y la difusión de una acordada que limita en forma tajante sus facultades como presidente supremo, al impedirle tomar por su cuenta decisiones administrativas, de manejo presupuestario y de designación de personal. Sobre su evidente soledad y su espíritu poco negociador, se impone una mayoría de tres –difícil de catalogar tan pronto como consolidada–, popularmente conocida como “mayoría peronista”, integrada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que toma ciertas decisiones adversas al oficialismo y da señales de autonomía, sin llegar a poner en juego la gobernabilidad.
El fallo favorable a Blanco estaba previsto y se conocía su rumbo, pero no deja de ser un llamado de atención severo hacia el Gobierno aunque no tenga gran impacto económico, teniendo en cuenta que se pagará en dos o tres años y que se ciñe al universo de jubilados que no aceptaron la reparación histórica y siguieron adelante con los juicios contra la Anses. El efecto es político y acota el margen para instrumentar una nueva reforma previsional a medida de las condiciones del FMI.
Blanco es un camionero jubilado que reclamaba el cálculo de su haber inicial en base al índice ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción). La Corte no sólo le dio la razón sino que aclaró que la misma solución se aplicará automáticamente a los casos análogos: aquellos jubilados a quienes la Anses les impuso otro índice, el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que implicaba una reducción sustancial en el cálculo de sus jubilaciones, hasta cincuenta por ciento. El alto tribunal ratificó el ISBIC, que ya había avalado en 2009 y declaró inconstitucionales de oficio las resoluciones de la Anses que lo reemplazaban por el Ripte, por considerar que se arrogó facultades del Poder Legislativo. El fallo pide que el Congreso que dicte una ley con un nuevo índice, algo que difícilmente ocurra.
Así votó la mayoría de tres, o “peronista”, nombre que acuñó el ministro Germán Garavano. Elena Highton de Nolasco se sumó con argumentos propios, planteando la nulidad de las resoluciones de Anses, y limitó los efectos al caso Blanco. Pero Rosenkrantz hizo una disidencia claramente favorable a la Anses, consideró válidas las resoluciones que introdujeron el Ripte compulsivo y dijo que no es potestad exclusiva del Congreso fijar los índices. Para él, Blanco no tiene derechos adquiridos. La mayoría en el otro extremo utilizó una frase contundente para distanciarse de las políticas de la Casa Rosada, que un día antes mandó emisarios al Palacio de Justicia, incluido Garavano: “Es precisamente en tiempos de crisis económica –señala el fallo– cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos”.
La mayor sorpresa de ayer vino después de la firma de fallo, que ya figuraba en la agenda pública de la Corte. El trío dinámico había planteado veinte días antes un cambio en las reglas internas para la toma de decisiones presupuestarias, administrativas y de nombramientos. Decía que ese tipo de medidas no podían adoptarse por resoluciones unipersonales, de exclusivo manejo del presidente, sino que debían ser fruto de una deliberación, por mayoría. Rosenkrantz retrucaba que admitía una mayoría solo si incluía de manera obligatoria el voto del presidente supremo, o sea, el suyo. Quedó en presentar su postura por escrito, y fue dilatando el tema.
Todo este asunto tuvo un disparador concreto. En los últimos tiempos Rosenkrantz se rodeó dentro de la Corte de funcionarios que llevó directamente desde el Poder Ejecutivo, con resoluciones que llevan solo su firma. Primero nombró como secretario letrado, a Juan Pablo Lahitou, quien desembarcó desde su cargo de subprocurador del Tesoro directo en la Corte. Era mano derecha de Bernardo Saravia Frías, quien integra la “mesa chica judicial” de Mauricio Macri al frente de los abogados del Estado. Al mismo tiempo nombró a Cecilia Westerdahl, que venía del estudio Marval-O’Farrell-Mairal, que representa legalmente a un amplio espectro del empresariado. Todo se agravó con más designaciones recientes: llevó a su vocalía a Mariano Braccia, desde el despacho que tenía en la AFIP, para ocuparse de temas tributarios; también contrató a Agustín María Casares, quien trabajaba en el Consejo de la Magistratura con el ex administrador, Agustín Cinto, ambos muy vinculados al PRO. A todo esto se agrega un creciente clima de desconfianza interna: filtraciones del contenido de reuniones entre los ministros de la Corte hacia funcionarios del Poder Ejecutivo y hacia algunos medios. Anteayer, de hecho, se había filtrado el borrador de esta misma discusión, que terminó precipitándose.
–En tu época de presidente también firmabas los nombramientos y otras decisiones por tu cuenta –le recriminó Rosenkrantz a Lorenzetti en el acuerdo.
–Sí, pero vos llegaste a la presidencia con el argumento que querías un cambio y mayor participación en la toma de decisiones –le devolvió el ex presidente, desplazado antes de que terminara su mandato, el septiembre último.
En efecto, el argumento de la mayoría –en especial de Rosatti y Maqueda– es que cuando Rosenkrantz fue elegido asumió dos compromisos para cambiar la tradición instalada en la era Lorenzetti: trabajar por un esquema menos personalista y, para eso, hacer más participativa y transparente la toma de decisiones. Como no es lo que sucedió, todos sus colegas excepto su aliada frecuente, Highton de Nolasco, decidieron acotar el poder de Rosenkrantz sin más vueltas en la acordada de ayer, que establece decisiones por mayoría de tres, que podrían no incluir al presidente. La mayoría recordó que en 1961 la Corte reconoció funciones de superintendencia a la presidencia del tribunal y en 1990 delegó en ella la posibilidad de nombramientos, medidas disciplinarias y aprobación de renuncias. Pero contrapuso principios constitucionales, como el artículo 113, que prevé que “la Corte dictará su reglamento interno y nombrará a sus empleados” como “conjunto”. Señaló su esencia de tribunal colegiado. “Con el objeto de afianzar la participación y profundizar el consenso en la adopción de sus decisiones –argumentó– el tribunal considera oportuno retomar el ejercicio de las aludidas competencias delegadas en materia de superintendencia y sujetarlas al principio de la mayoría”.
A las 9.35 de ayer Rosenkrantz presentó su disidencia: “No son legalmente admisibles reglas de funcionamiento en las que uno o más ministros adopten, sin el concurso de la voluntad del presidente, decisiones que impliquen disposiciones del crédito presupuestario”. Lo mismo, señaló, aplica para contrataciones temporarias, por ejemplo.
La mayoría bautizada “peronista” –nombre que algunos de ellos rechazan– también definió su decisión “ratificar la política presupuestaria, económica y financiera” basada en “criterios de responsabilidad fiscal aplicada por esta Corte” y, en especial, el famoso fondo “anticíclico” generado por Lorenzetti, a modo de ahorros del tribunal en plazo fijos, que este año algunos supremos creyeron amenazado una intervención del gobierno. Esto implicaría un respaldo al administrador aliado del ex presidente supremo, Daniel Marchi, cuya área Rosenkrantz planeaba reestructurar. Algunas voces dentro de la Corte ponen como protagonista silencioso de los sucesos de ayer a Rosatti. En algún momento, tanto él como Lorenzetti y Maqueda llegaron a evaluar desplazar a Rosenkrantz de la presidencia, idea que por ahora decidieron postergar. El escenario desconcierta al Gobierno, que cuando fogoneó la expulsión de Lorenzetti de la presidencia, pensaba en neutralizar su política de agitar las causas de Comodoro Py y conseguir aliados en el máximo tribunal. Ayer, entre malabares, desde la Casa Rosada intentaban minimizar los efectos del fallo Blanco y poner el foco en internas cortesanas. Parecieran no conseguir sobre los supremos el dominio anhelado.
