El 20 de mayo pasado, a partir de una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el Tribunal en lo Criminal Nº 2, vocalía de Antonio Llermanos, se constató la existencia de “razzias o actuaciones ilegítimas”, la inexistente aplicación de protocolos de actuación de la fuerza pública, el ingreso en viviendas en horas nocturnas sin orden de allanamiento y las posterior detención de personas sin que luego se instruyan causas judiciales o administrativas, entre otra prácticas.
El fallo menciona también que “en los casos descriptos en la presente acción surge claramente que el personal policial utiliza como pretexto para su accionar, situaciones vinculadas a alteraciones del orden para ingresar arbitrariamente en domicilios particulares sin autorización judicial, y detener y aplicar golpes y diferentes tormentos a estas personas.”
Señala a su vez que la policía utiliza el arresto por averiguación de antecedentes de manera arbitraria y antojadiza, carente de razón o motivos, dado que no se formalizan expedientes judiciales o contravencionales de estas detenciones.
Destacamos que esta es la segunda resolución que toma un juzgado provincial, ya que la primera, un Habeas Corpus de idénticas características presentado en junio de 2013, permite visualizar la continuidad de estas prácticas, pese a lo ordenado por la Justicia.
En relación a esto, el Juez expresa en las conclusiones del fallo que “… tanto aquél Habeas Corpus (el de junio 2013) como el presente fueron instrumentos legales que tuvieron una utilidad no menor: Acreditar actos generalizados de Violencia Institucional de sectores de la policía que actúa en la circunscripción de la ciudad de San Pedro de Jujuy, respecto a colectivos de personas en situación de vulnerabilidad y que deben ser corregidos institucionalmente. Entenderlo de otra manera implica desconocer el alcance señalado y desnaturalizar la presente acción.”
Esta Mesa sostiene categóricamente la necesidad de que estos delitos de Violencia Institucional, cometidos por funcionarios policiales de San Pedro deben ser investigados y resueltos, situación que entendemos no se está realizando ya que, como venimos comprobando y denunciando, encuentra principalmente en las fiscalías de San Pedro, sólo acciones dilatorias y obstaculizantes.
En este sentido es paradigmático el caso del Dr. José Alfredo Blanco, denunciado por incumplimiento de los deberes a su cargo e ineficiencia en la investigación en el caso de la muerte del joven sanpedreño “Sonrisa” Gómez.
Confiamos que, a partir de este nuevo fallo del Tribunal en lo Criminal N° 2, todos aquellos funcionarios políticos, policiales, y judiciales, que tengan a su cargo el esclarecimiento de las prácticas de violencia institucional, demuestren de una vez por todas, su compromiso con vigencia de un estado de derecho.
Estado que entiende que la aplicación de prácticas que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas llevadas a cabo por agentes estatales en uso de las facultades otorgadas, conforman violaciones a los Derechos Humanos.