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Una más y van…el titular del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) Sergio Lello fue otra vez denunciado ante la Oficina Anticorrupción por varias irregularidades, entre ellas, por la contratación de una profesional que no vive en la provincia y por la falta de presentación de su declaración jurada.
Según la denuncia que realizó un abogado del foro local, solicita que se investigue la designación de la médica María Ayelén Baraybar, quien figura como contratada desde 2016 como agente público del MPA, pero vive en la provincia de Córdoba y se desconoce las tareas que realiza. Se le renovó contrato hasta ahora.
La mujer fue contratada en 2016 por Resolución MPA 384/2016, Resolución 622/2017 y la 873/2018 que aprueba la rúbrica del “contrato de locación de obra intelectual” por un sueldo de 24 mil pesos. Nuevamente fue contratada en este 2019 por Resolución MPA 1340/2019 con un sueldo de 36 mil pesos. Baraybar sigue estudiando Patología en Córdoba.
En la denuncia presentada, se le pide al Fiscal Anticorrupción que especifique los servicios que presta en el organismo.
En la misma denuncia, acusan a Lello que no cumplió con la presentación de su declaración jurada en la Oficina Anticorrupción (OA) como es obligación de todos los funcionarios públicos cumpliendo con la Ley de Ética Pública. Se le venció el plazo el pasado 31 de julio. Además de Lello, hay otros funcionarios que aún no presentaron su declaración jurada.
Cabe resaltar la Oficina Anticorrupción debe intimarlos a que lo hagan en 15 días, si aún persiste el incumplimiento se les debe retener el 20 % del sueldo.
La denuncia lleva la firma del abogado José Elías, con el patrocinio de la abogada Claudia González quienes esperan que las resoluciones irregulares del MPA se investiguen. Puntualmente la presentación ante la OA es por trámites irregulares, afectación de recursos del estado.
Cabe recordar que, en el mes de julio, dos funcionarios del MPA denunciaron a Lello por violencia de género, acoso laboral, entre otros delitos.
Otra denuncia contra Lello, que fue presentada durante la semana pasada por la utilización de autos que fueron incautados por el MPA y que el titular del organismo ha transferido para su uso a funcionarios del gobierno o del MPA sin autorización judicial y sin permiso del titular del vehículo registrado. La atribución para disponer de esos bienes, menciona la denuncia, corresponde al juez de cada causa.
