Los legisladores opositores dieron a conocer en la Fiscalía penal de turno, número 2, a cargo del fiscal habilitado Aldo Lozano, sobre el contrato suscripto entre el BAS y la empresa Video Drome SA, en donde se estipuló que los gastos en concepto de seguridad y/o vigilancia correrían por cuenta exclusiva de la empresa.
De esto deja constancia una resolución del Tribunal del Cuentas, que también observó que el BAS pagó cerca de medio millón de pesos en el período que fue de junio de 2010 a mayo de 2011 en tal rubro para los anexos de Libertador Gral. San Martín, San Martín, uno de la calle Belgrano en San Salvador de Jujuy, y otro de la calle Alvear, implicando un pago innecesario e improcedente de la entidad estatal.
“Entendemos, como dice nuestra denuncia, que los pagos fueron ilegítimos: teniendo la obligación de abonar por dicho rubro la empresa prestataria del servicio, sin razón atendible, sin un fundamento serio, razonable, legal, los Directores del BAS han decidido que sean las arcas públicas las que paguen algo que por contrato debía pagar una empresa privada; los montos, asimismo, significaron un impacto de manera directa en el organismo, que es una entidad pública provincial”, evaluó Jorge Rizzotti, diputado del Bloque UCR y vice presidente 2do de la Legislatura, quien también se constituyó en denunciante.
“Nosotros ya hemos señalado anteriormente que entendemos que dicho contrato debiera ser observado por nulidad absoluta pues no se ha seguido el procedimiento reglado en la Ley de Contrataciones del Estado, aunque sin perjuicio de que el Tribunal de Cuentas lo haya dado por válido, el Directorio del BAS no pudo nunca haber decidido unilateralmente la violación lisa y llana de las cláusulas contractuales suscriptas con Video Drome SA, y perjudicar de manera directa y grotesca las arcas del Estado Provincial”, recordó y destacó el legislador.
La denuncia, que consta en el expediente P-106.349/15, entiende que, a más de otros posibles delitos que existan y que deberán ser investigados y merituados por el Sr. Fiscal, se ha vulnerado el artículo 174 inc. 5º del Código Penal, que dice que “sufrirá prisión de dos a seis años: (…) 5º) El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.