El objetivo es «constituir un ámbito institucional de concertación y consenso que actúe como espacio de encuentro, participación y enlace de distintos actores sociales y económicos, para la formulación y planificación de políticas sociales, económicas, laborales, ambientales y de desarrollo humano de la provincia».
Los impulsores de la idea proponen «afianzar la convivencia e incrementar la participación social, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los jujeños, la calidad democrática y las decisiones públicas».
El órgano contaría con iniciativa parlamentaria, emitiría opinión sobre proyectos, tanto del Poder Ejecutivo como del poder Legislativo, y también proyectos de inversión público-privada. La idea esq que una vez por año elevaría al Ejecutivo y al Legislativo «un informe de evaluación sobre situación socioeconómico, laboral, ambiental y desarrollo humano en nuestra provincia».
Participarían del Consejo representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de municipios, sindicatos, colegios profesionales, comunidades originarias, cámaras, de empresarios, construcción, pyme, turismo, agrarias, comercios, universidades, organizaciones sociales, de los pueblos originarios, de DDHH, de gestión ambiental, de gestión cultural, representación de centros vecinales, medios de prensa, etcétera.