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La postura dialoguista del juez Gustavo Villanueva, quien investiga el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en la zona del Lago Mascardi el sábado pasado, no es del agrado del Gobierno nacional. Mientras el magistrado intenta avanzar en una negociación con la comunidad de la Lof Lafken Winkul Mapu para ingresar al territorio a buscar pruebas, el Ministerio de Seguridad trata de despejar el camino para que las fuerzas federales puedan accionar sin órdenes judiciales.
Según afirma el diario Página/12, la cartera que encabeza Patricia Bullrich dictó una resolución para que las fuerzas «no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales». Es decir, los jefes de Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería podrán discutir a un magistrado su interpretación de la ley.
La resolución se aplicaría para algunos tipos de delitos y se combinaría con la ley de flagrancia, que ya permite a las fuerzas accionar sin fallo judicial. «El ingreso de una persona encapuchada y armada a un territorio privado, el intento de palpar a un policía para ingresar a ver si tiene armas», son situaciones en las que los uniformador podrían actuar sin un permiso judicial, según explicaron fuentes de ese ministerio al matutino.
Tras el asesinato del chico Rafael Nahuel, el Gobierno nacional justificó el uso de balas de plomo por parte de la Prefectura alegando que se trató de un enfrentamiento en el que ambos bandos estaban armados y Bullrich sostuvo no necesitar pruebas de ello. Pero el juez Villanueva intenta por estas horas, a través de una mesa de diálogo con los mapuche, ingresar al territorio de forma pacífica para recolectar material probatorio. Esto irritó al Ejecutivo que esperaba una orden de desalojo para irrumpir nuevamente de manera violenta en la zona del Lago Mascardi del Parque Nacional Nahuel Huapi tal como lo hicieron los efectivos la semana pasada.
