La comunidad universitaria rechazó la oferta del Gobierno nacional para destrabar el conflicto presupuestario y salarial. A través de un documento conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificaron que la única salida pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
El ofrecimiento de la Casa Rosada contemplaba incrementos presupuestarios basados en un proyecto de ley propio, cuyos montos resultan inferiores a los establecidos por la normativa vigente debido a que no contemplan la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los salarios docentes y nodocentes durante el año 2024.
Ante este escenario, rectores, gremios y estudiantes exigieron la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la apertura de una instancia de diálogo institucional para avanzar en la actualización de las becas estudiantiles, los fondos de funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica.
«El @CINoficial, la @laFUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales reiteramos que la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento» 👇https://t.co/cjgpENV7Ic
— CIN (@CINoficial) May 21, 2026
El escenario en la Corte Suprema
La maniobra del Ejecutivo nacional se produjo en medio de un frente judicial adverso. Tras un fallo favorable a las casas de estudio en la Cámara de Apelaciones, la Justicia habilitó el recurso extraordinario, dejando el expediente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para una resolución definitiva sobre la medida cautelar en juego.
La brecha entre ambas posturas radica en el mecanismo de actualización de los recursos. Mientras la legislación del Congreso determina una indexación obligatoria y retroactiva frente a la inflación acumulada, la propuesta oficialista no reconoce el desfasaje salarial previo y supedita las partidas de infraestructura y desarrollo científico a las metas fiscales y la discrecionalidad de la recaudación centralizada.
