La organización internacional de jueces y abogados ha expresado su preocupación frente a repetidos indicios del Gobierno del Presidente Mujica que desalientan la continuación del trabajo por Verdad y Justicia.
Al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha emitido una serie de fallos que desconocen las obligaciones asumidas por Uruguay al ser parte de tratados internacionales de derechos humanos.
De esta forma los procedimientos judiciales contra los violadores de los derechos humanos durante la dictadura se han ido estancando, al tiempo que el Poder Ejecutivo (y en particular el Ministerio de Defensa) omite cooperar con las investigaciones que aun están en curso.
“Uruguay ha hecho grandes progresos en materia de derechos humanos y justicia social en la última década ; ahora no debe aceptar un legado de impunidad, silencio e ignorancia para las víctimas de la dictadura militar,” dijo Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas.
El informe Uruguay: La lucha por Verdad y Justicia en la Encrucijada, que es resultado de dos misiones llevadas a cabo por la CIJ en los últimos 18 meses, se publica cuando el debate sobre derechos humanos se ha intensificado a causa de los fuertes ataques del Ministro de Defensa Fernández Huidobro, contra Serpaj, la ONG de derechos humanos pionera en Uruguay.
La ONG había denunciado la bien conocida circunstancia de que el Ministerio no coopera en la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura militar.
Las declaraciones del Ministro generaron inquietud a nivel internacional donde el SERPAJ es reconocido y respetado por su rol en defensa de los derechos humanos.
“Organismos como Serpaj merecen reconocimiento y un debate respetuoso que permita avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Los ataques del Ministro de Defensa contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional,” indicó Tayler.
“Es de esperar que el próximo Gobierno muestre determinación y el liderazgo al abordar el tema del pasado reciente; la impunidad no es inevitable,” concluyó Tayler.