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El abogado Fabián «Pepín» Rodríguez Simón es el primer funcionario de la era Macri que se profugó y podría ser devuelto a Buenos Aires en calidad de detenido. La justicia uruguaya desestimó el hábeas corpus que presentó para conseguir refugio, y ahora es el gobierno de Luis Lacalle Pou que debe responder al pedido de captura librado por la jueza María Romilda Servini.
Pepín está en la Banda Oriental desde el 8 de diciembre y la semana pasada firmó un pedido de asilo político ante las autoridades uruguayas. Después, presentó una solicitud de hábeas corpus que fue desestimado este sábado por el juez penal uruguayo Marcelo Malvar. Pepín apelará hasta llegar a la Corte Suprema del país donde reside.
Ese trámite retrasa, por ahora, la posibilidad de que Interpol lo detenga luego del pedido de la jueza Servini apenas Pepín hizo pública su decisión de no volver a la Argentina. Interpol pidió documentación y detalles al juzgado de Servini para activar la alerta roja.
La magistrada y el fiscal Guillermo Marijuán lo investigan como presunto integrante y copartícipe de una maniobra planificada durante la administración de Cambiemos para quitarle sus posesiones y encarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del canal C5N.
Malvar coincidió con el fiscal Pablo Rivas y consideró que todavía no recibió ningún pedido de detención. También le reconoció el derecho de proteger sus garantías individuales para preservar su libertad e integridad física.
Rodríguez Simón le informó al juez que durante los últimos días lo estaban siguiendo desde vehículos desconocidos y desde ahora deberá notificar al juzgado cualquier sospecha en ese sentido.
Pepín asegura que es perseguido como parte de una venganza supuestamente urdida por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchher, López y De Sousa. Desde Juntos por el Cambio, casi nadie salió todavía a defender al exasesor de Macri, amigo personal del titular de la Corte, Carlos Rozenkrantz y exabogado del Grupo Clarín en la disputa contra la Ley de Medios.
Carrió lo defendió: «Esa causa es muy grave porque los denunciantes son unos ladrones. López y De Sousa son unos ladrones y lo serán siempre. Entonces, yo puedo tener muchas diferencias con ‘Pepín’, y las tengo en otras cosas, pero es el tipo que le puso la cara al juego y que los hizo pagar impuestos, dijo Lilita esta semana en una entrevista a Clarín.
En cambio, el excandidato a vice de Macri, Miguel Pichetto, lo repudió: “Cuando uno considera que es inocente, tiene que presentarse ante la Justicia”, retrucó. Y este sábado fue refrendado por Mario Negri. «Yo no lo conozco a Pepín, me cayó mal la decisión de irse. Hay que bancársela y venir a la Justicia», dijo a Radio Mitre el jefe del Interbloque de Cambiemos en Diputados.
En tanto, Servini tiene un expediente lleno de entrecruzamientos de llamados donde el operador judicial habla con funcionarios macristas, con el titular de la Corte y con otros miembros de la Mesa Judicial que reportaba a Macri a través del entonces jefe de asesores de la presidencia José Torello.
Según comprobó la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, la AFI les entregó a todos los miembros de esa Mesa un celular encriptado para preservar sus comunicaciones. Macri también tuvo uno de esos aparatos, al igual que su secretario privado Darío Nieto, que es investigado por la Justicia por haber recibido dos informes provenientes de una red de espionaje ilegal dentro del Gobierno.
Servini indaga el rol de la Mesa Judicial y el rol de Pepín. Según la Bicameral, la Mesa estaba integrada por él, Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, el exsubsecretario de relaciones con el Poder Judicial Juan Bautista Mahiques, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y el empresario de los juegos de azar y extitular de Boca Juniors, Daniel Angelici.
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