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Van a juicio tres policías y dos civiles por el ataque a la sede de la Unión Cívica Radical

El Ministerio Público Fiscal elevó a juicio oral y público la causa iniciada por el escrache y los daños producidos en la sede de la Unión Cívica Radical de la capital provincial en julio del año pasado. Los acusados son tres policías, por incumplimiento de sus deberes, y dos civiles, por los daños ocasionados en el local. 

Los tres policías procesados son Rolando Fabián Mamani, Leonardo Lauro Marcelo Ochoa y Hugo Serafín Soliaga, mientras que los civiles, Marcelo Fabián Martínez y Daniel Ricardo Peñaloza.

La denuncia fue realizada por el presidente de la UCR de Jujuy, Gerardo Morales, ante la fiscalía de investigaciones penales 6, cuyo titular es Gustavo Araya, a partir de los hechos ocurridos el 23 de julio de 2014.

Según la requisitoria fiscal, ese día, pasada la medianoche, se estacionó en la puerta del local político una camioneta negra que era conducida por Daniel Ricardo Peñaloza y trasladaba en la caja a unas diez personas, que bajaron a pintar las paredes de la sede partidaria y de la casa contigua.

A los pocos minutos, llegó una segunda camioneta, propiedad de Marcelo Fabián Martínez, de la que descendieron otras diez personas, con el mismo propósito.

Mientras tanto, un móvil del Cuerpo de Protección Ciudadana acompañaba pasivamente el accionar de los dos grupos. Lo conducía el agente Soliaga, quien iba con el cabo primero Leonardo Ochoa y el suboficial inspector Rolando Mamaní, «quienes se detuvieron entre ambas camionetas observando indulgentemente cómo dichas personas provocaban los daños en el Comité de la UCR del mismo modo que en la fachada de la casa vecina», dice el escrito.

«Los policías omitieron un acto del oficio, a sabiendas de su ilegalidad, conducta que se evidencia con las imágenes fílmicas y testimonios de los vecinos», señala el Ministerio Público Fiscal, que acusó a Peñaloza y Martínez como supuestos coautores responsables del delito de «daños». 

También acusó a los policías Mamaní, Ochoa y Soliaga como supuestos coautores responsables del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

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