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Vargas: “Más allá de su perfil autoritario, el gobernador debe entender que la ley es la ley”

El Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail) libra una batalla judicial y política para que no se aplique la multa de más de 2 millones de pesos que el gobernador Gerardo Morales le impuso tras la huelga del mes de julio. “El gobierno no debe encapricharse en imponer algo que tiene que ver con la molestia que sucedió el día de la represión”, analizó el titular del sindicato, Rafael Vargas, en diálogo con El Submarino Radio (91.5 MHz.).

El sindicato recurrió la multa, y está esperando la resolución judicial. “Está en manos del gobernador”, dijo Vargas, y precisó que el plazo máximo para que se resuelva el tema es de 60 días.

Para el sindicalista, la cuestión está en la disposición del propio gobierno, porque “aunque existan leyes, actúa como le conviene”, pero aventuró: “No creo que sea tan imprudente de no tener en cuenta que hay un fundamento lógico expuesto por el sindicato con respecto a la doble conciliación obligatoria”.

“Esto tiene que dirimirse y el gobierno no debe encapricharse en imponer algo que sabemos no tiene que ver con la parte legal sino que tiene que ver con la molestia que sucedió el día de la represión”, analizó.

Sobre la cuestión de la conciliación obligatoria, que es el argumento del gobierno para considerar ilegal el paro del 26 de julio, Vargas reiteró que no es posible aplicarla dos veces, en referencia a la dictada a nivel nacional. “Nosotros hemos cumplido los plazos legales y luego hicimos la medida de fuerza; y ellos en Jujuy hicieron una nueva conciliación con el mismo expediente referenciándose en la negociación en Buenos Aires. No pueden existir dobles conciliaciones”, detalló.

Mientras siguen los pasos legales, la Federación Azucarera está juntando firmas para que no se aplique ninguna multa a los sindicatos del sector. “No vamos a bajar los brazos ni permitir que avasallen a los trabajadores. Estamos trabajando en acciones que despierten al gobierno, que más allá de su perfil autoritario el gobernador debe entender que la ley es la ley y que las necesidades de los sindicatos no siempre pasan por las necesidades de sus negocios”, afirmó.

Esta discusión legal se encuadra en una situación general que no está exenta de problemas. Vargas explicó que hay “problemas serios” en la liquidación de haberes por parte de la empresa Ledesma, porque están usando un sistema por el cual, aseguró, los trabajadores no están cobrando como corresponde”.

“Tenemos problemas en el campo y la fábrica –precisó-; hay gente que cobra 900 pesos por quincena, es un desastre”.

Ante esto, los representantes gremiales pidieron una reunión con la empresa, pero no tuvieron respuesta. Mandaron además una carta documento y presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo para que tome cartas en el asunto.

“Ledesma no paga por anticipado sino por la prestación de servicio –describió-. La gente cumple y la empresa paga muy mal”.

Para este viernes está prevista una reunión de delegados en la cual se tratará la posibilidad de iniciar medidas como retención de tareas, que consiste en ir a los lugares de trabajo pero no trabajar ni dar prestaciones, hasta que se pague lo que corresponde.

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