Varios organismos internacionales de DDHH están en Jujuy relevando denuncias contra el gobierno provincial  

Hace menos de una semana atrás, llegó a Jujuy, una misión internacional de organizaciones de derechos humanos para recabar informes sobre la denuncia de violencia institucional, represión, hostigamiento y persecución que padecieron distintos sectores de la sociedad local.

La comitiva está en la provincia, desde el pasado el 21 de agosto y sigue en territorio, recabando denuncias de los damnificados, por la falta de estado de derecho en Jujuy.

La misión está integrada por referentes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la organización Defensa del Ambiente (AIDA, por sus siglas en inglés), la ONG alemana Pan para el Mundo; también la integraron representantes del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la organización International Work Group for Indigenous Affairs, el Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC por sus siglas en inglés), el Centro de Estudios de Derecho y las organizaciones Justicia y Sociedad y el Movement Law Lab.

Miembros/as de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) calificaron a los testimonios como «conmovedores”. «Ellos (por los integrantes de los pueblos originarios) están sufriendo en carne propia la determinación del gobierno de Jujuy sobre la implementación de la reforma parcial de la constitución.

El informe internacional hará sugerencias al Estado nacional y provincial. El documento será remitido a cada poder local, mientras el informe final será enviado a «instancias internacionales» como ser la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), para que el material sea conocido por todos los organismos mundiales de derechos humanos.

De manera preliminar, las nueve personas que integraron la misión advirtieron tras la visita que la nueva Constitución de Jujuy obstaculiza derechos fundamentales de la ciudadanía jujeña, como la protesta social.

También en relación a los pueblos originarios, señala que el acceso a la propiedad comunitaria de la tierra en una meta imposible de alcanzar.

Evaluaron que «la nueva Constitución puede afectar considerablemente en varios derechos, como el acceso al agua, al medio ambiente sano, a la tierra y el derecho a la propia vida de las comunidades».

Por último, la delegación tuvo acceso a información oficial proporcionada por el gobierno de Jujuy, como así también, de las fiscalías del Ministerio Público de la Acusación. La justicia rehúso mantener encuentro con la misma, al igual que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no obstante, señaló que «hubo encuentros con algunos funcionarios jujeños.

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